El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, tachó ayer de “preocupante” la Ley de Orden Público aprobada el pasado miércoles en la Cámara de los Comunes británica y que, entre otras cuestiones, da nuevos poderes a la Policía para dispersar a manifestantes sin esperar a que haya incidentes.
Para Turk, “esta nueva ley impone restricciones graves e injustificadas” a libertades básicas como la de expresión, reunión y asociación. Estos límites “no son ni necesarios ni proporcionales para lograr el propósito legítimo que le reclama el Derecho Internacional”, advirtió Turk.
En este sentido, recordó ayer a través de un comunicado que las fuerzas de seguridad británicas ya pueden actuar “contra manifestaciones violentas o disruptivas”, por lo que la reforma, cuestionada también por ONG como Amnistía Internacional, sería “innecesaria”, en un contexto marcado precisamente por el repunte de movilizaciones ecologistas.
Según la nueva ley, la Policía tendrá más margen para despejar calles en caso de bloqueo, por ejemplo. El Alto Comisionado ve con recelo que los tribunales puedan prohibir a los ciudadanos acudir a un determinado lugar en un momento concreto y las medidas de vigilancia que pueden llevarse a cabo para comprobar que efectivamente se cumpla dicha orden.
La ONU cree que el texto puede ser incluso incompatible con las obligaciones que Reino Unido ha suscrito a nivel internacional en materia de Derechos Humanos.
