Como el papel lo aguanta todo, hace unos días el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, presentó a bombo y platillo un plan (los planes ahora se llaman pomposamente hojas de ruta) que prevé la construcción de 50.000 viviendas de promoción pública en los próximos diez años.

Por si quedaba algún incrédulo en la sala, subió la apuesta y anunció que para 2028 se entregarán 5.250 pisos. Según las estadísticas del Gobierno Vasco, se estima que de 1990 a 2024 se han creado unas 85.664 VPO en la CAV y en la última década se han construido una media de 1.200 por año. Saquen sus propias cuentas.

Seguramente, nos daríamos con un canto en los dientes (y más) si, llegados a 2035, hay 25.000 pisos levantados (la mitad de las que habla Itsaso) porque sería una buena respuesta a la falta de vivienda, un problema de primera magnitud.

Pero la realidad es la que es y, en materia de vivienda, la velocidad no es precisamente de crucero sino de caracol. Tramitaciones, burocracia y problemas que van surgiendo sobre la marcha retrasan decenas de proyectos urbanísticos.

Para prueba, un botón. El Ayuntamiento de Donostia y el Ministerio de Defensa acordaron en noviembre de 2022 la compra-venta de los cuarteles de Loiola. Dos años y medio después, el Ayuntamiento aún no ha podido mover ni media piedra.