Una hora y media menos a la semana de trabajo para un tercio de los trabajadores. No está mal. Es uno de los efectos que tendrá la aprobación, si finalmente acontece, de la norma para reducir la jornada laboral que superó ayer su primer trámite en el Consejo de Ministros. Pero en esos trabajos preliminares que aspiran a convertirse en norma también se establece un punto de gran importancia al convertir la desconexión digital en un “derecho irrenunciable”.
Hay quien pensará que eso ya está regulado. Efectivamente, así lo hizo la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018, entre otras. Sin embargo, la falta de definición legal del contenido de ese derecho, que aboga por su desarrollo a través de políticas internas empresariales, ha supuesto, en definitiva, que no se aplique o que las lagunas generen indefensión en los trabajadores.
Convertirlo en un derecho “irrenunciable” significa que ni siquiera el propio trabajador podría, de manera voluntaria, renunciar a él. Ya que esto pasa. Como bien define Juan Carlos Fernández Gómez en su estudio sobre el impacto tecnológico en el marco de las relaciones laborales, sufrimos la paradoja de “pérdidas de derechos que sucede de forma silenciosa y pacífica con la avenencia de los trabajadores imbuidos por la revolución de los smartphones”. Es decir, vivimos en una guardia constante.