Las principales instituciones comunitarias han alcanzado esta semana, tras más de tres años de difíciles negociaciones, un acuerdo para regular la cuestión migratoria, el asunto que, según los observadores de la política europea, más tensiona las costuras del espacio común. Ha sido un pacto complejo articulado en cinco reglamentos en el que han intervenido tanto el Consejo como el Parlamento y que, por resumirlo rápido y de forma simple, viene a endurecer las condiciones de asilo para las personas que quieren labrarse su futuro entre nosotros. El acuerdo tasa en 20.000 euros el precio del migrante rechazado y a eso lo llaman “solidaridad flexible”. Es decir, el pacto ha sido posible por la restricción del derecho de asilo, lo que es indicativo de los vientos que soplan en Europa. Hay que reconocer que el de la migración es un tema que preocupa a la gente y que tiene un enorme potencial desestabilizador para los gobiernos. En paralelo al pacto europeo, Francia aprobaba una polémica reforma migratoria. Días antes, el ministro del Interior emplazaba a la Asamblea Nacional a aprobar una ley que iba a evitar la victoria en las urnas de Marine Le Pen. No es fácil encontrar la medida justa entre la barra libre y el blindaje, pero es inevitable sentir que avanzamos sobre terreno abonado por la extrema derecha.
