En las próximas semanas, el Ayuntamiento de Arrasate espera que el Gobierno Vasco resuelva la solicitud presentada el pasado 30 de mayo para declarar el municipio como zona tensionada del mercado de vivienda. Junto a la petición oficial, el Consistorio también envió un plan de acción con medidas concretas para afrontar el encarecimiento del alquiler y garantizar el acceso a una vivienda digna.

“Defender y garantizar el derecho a la vivienda en Arrasate es nuestra prioridad. Por eso hemos realizado un diagnóstico profundo y elaborado un plan sólido, marcando un camino claro en las políticas de vivienda de nuestra localidad”, ha señalado Garazi Etxeberria, concejala de Urbanismo, Transición Ecológica y Movilidad.

Cuatro ejes estratégicos

El reconocimiento como zona tensionada, recogido en la Ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda, permitiría estabilizar los precios del mercado residencial y activar nuevas herramientas para fomentar el alquiler asequible. La declaración por parte del Gobierno Vasco es además una condición indispensable para desplegar el plan de acción elaborado por el Ayuntamiento, que tiene una vigencia de tres años y se estructura en cuatro ejes estratégicos.

El primero de ellos es fomentar el arrendamiento accesible de pisos, con medidas como el desarrollo de vivienda protegida y alojamientos dotacionales, el control de precios, la revitalización de zonas rurales y el impulso de soluciones residenciales innovadoras. El segundo eje está centrado en la renovación y mejora del parque de viviendas existente, priorizando la rehabilitación de edificios antiguos, la accesibilidad y la eficiencia energética, así como el estudio de la densificación urbana y la mezcla de usos.

Ayudas de apoyo al alquiler

El tercer ámbito contempla sistemas de apoyo al alquiler, entre ellos ayudas específicas para la emancipación juvenil, protección a colectivos vulnerables y beneficios fiscales para propietarios y promotores que incorporen sus inmuebles al mercado. Finalmente, el plan propone un nuevo modelo de gobernanza basado en la coordinación interinstitucional, que incluye actuaciones para activar viviendas vacías, regular el alquiler turístico, controlar los precios, e impulsar la puesta en marcha de alojamientos alternativos y el uso más eficiente del espacio urbano.

"Responder al derecho a una vivienda digna"

El Ayuntamiento considera este plan como una hoja de ruta hacia una política de vivienda más avanzada, y destaca que será imprescindible la colaboración entre instituciones para llevarlo adelante. En palabras de Etxeberria, “no se trata solo de una cuestión de políticas públicas, sino de responder al derecho de nuestros ciudadanos a una vivienda digna. En eso estamos trabajando y así seguiremos dentro del marco de nuestras competencias”.