El teatro Soreasu de Azpeitia acogerá este iércoles, a las 18.30 horas, la proyección de Nuestra libertad, un documental que tiene como eje la vida de Teodora Vásquez, una mujer salvadoreña que pasó más de 10 años en prisión bajo la acusación de homicidio tras sufrir una aborto espontáneo. Los que acudan a Soreasu tendrán la ocasión de escuchar de boca de Teodora Vásquez este duro relato, ya que va a estar presente en la proyección.

El caso de Teodora se suma al de otras muchas mujeres de El Salvador, sometidas a un sistema legal que no admite el aborto bajo ninguna circunstancia. Este hecho las coloca bajo el yugo de la sospecha, independientemente de la forma en la que se haya producido la interrupción del embarazo y da lugar a largas condenas como la que sufrió la protagonista de Nuestra libertad. Teodora Vásquez estaba embarazada de nueve meses cuando se puso de parto. Se había quedado sola cerrando la cafetería en la que trabajaba por lo que su primera reacción fue llamar al teléfono de urgencias. Lo hizo hasta en siete ocasiones, pero nunca llegó la asistencia sanitaria. La que sí vino fue la policía. “Vieron el bebé muerto y me llevaron presa a una comisaría. Me acusaron de homicidio y fui juzgada y condenada a 30 años de cárcel”, relataba ayer esta mujer salvadoreña.

Estuvo presa desde 2008 hasta 2018, año en el que recobró la libertad después de una larga batalla legal, y desde entonces trabaja por revertir esta situación. Esa labor la desarrolla en el seno de Mujeres Libres de El Salvador, una asociación que trabaja en apoyo de las mujeres que a día de hoy siguen sufriendo lo mismo que vivió Teodora Vásquez. “Han pasado muchos años, pero todo sigue igual. La ley de El Salvador contemplaba tres supuestos para los casos de aborto hasta 1997 (violación, malformaciones graves y riesgo para la madre por el embarazo). Esta situación varió de forma radical aquel año y el aborto pasó a estar prohibido en cualquier circunstancia, colocando a las mujeres que lo sufrían bajo sospecha de homicidio. Hemos intentado incorporar a la ley cuatro causas permitidas para el aborto, pero el actual presidente, Nayib Bukele, ha archivado la petición. No ha cambiado nada. El último caso del que tenemos constancia es el de una joven que sufrió un aborto a los nueve meses en 2022. Llamó a urgencias pidiendo auxilio pero, al igual que me sucedió a mí, la que se presentó fue la policía. La llevaron presa, la juzgaron y la han condenado a 50 años de prisión”, narraba ayer Teodora Vásquez.