Stop Desahucios de Gipuzkoa ha pedido a la Hacienda foral que envíe los datos de los contribuyentes al Ministerio de Vivienda para confeccionar los índices de precios de referencia para los 20 municipios tensionados en Gipuzkoa.
Stop Desahucios ha anunciado este miércoles en un comunicado la presentación de una moción en Juntas Generales de Gipuzkoa con esta reclamación para lo cual se ha reunido con representantes de los grupos junteros acompañado de una representación de Alokairu y la asociación de vecinos de las viviendas de Benta Berri propiedad del fondo Blackstone.
La asociación ha recordado que los grupos municipales de Irun y Lasarte les han trasladado que tanto la memoria justificativa como el plan para declararlos municipios tensionados "estarán listos antes del verano", mientras en Andoain y Hernani "trabajan en la misma línea".
En cuanto a San Sebastián, señala que han mantenido encuentros con vecinos de Alokairu e Inquilinos Azora así como con "todos los grupos municipales menos el PNV, quien ha desestimado reunirse".
Stop Desahucios ha remarcado que la Ley de Vivienda estatal aprobada en 2023 "sigue vigente y hay que desarrollarla y aplicarla", a pesar del recurso presentado por el PNV ante el Tribunal Constitucional a varios "artículos esenciales" para la limitación de los alquileres.
Aumento del alquiler
El colectivo contra los desahucios incide en el "imparable aumento de los precios del alquiler" en Gipuzkoa y asegura que la "especulación" de los 'fondos buitre', grandes tenedores, rentistas y caseros es la causa del empobrecimiento de "miles de ciudadanos" que se ven obligados a dedicar más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler.
Han criticado el recurso del PNV a la Ley de Vivienda, una norma que "pone freno a la especulación de los precios" y "garantiza la prórroga de los contratos durante tres años" y señala que "tanto el Gobierno Vasco como el alcalde de San Sebastián han expresado que la Ley Vasca de 2015 no contempla la regulación de los precios de los alquileres y requiere de un marco jurídico estatal".
Asimismo ha señalado que confía que los 20 Ayuntamientos guipuzcoanos tensionados envíen "a la mayor rapidez" al Gobierno Vasco la documentación para que, una vez publicados los índices de referencia de los precios del alquiler, puedan cumplir la ley y "poner freno al negocio especulativo del mercado del alquiler".
