Nuevo revés para Bildu tras el archivo de la segunda querella del ‘caso Bidegi’

En el fallo que se conoció ayer, el juzgado echa por tierra los análisis y conclusiones contenidos en los informes en los que basó Bildu su acción judicial. El auto los desacredita señalando que ninguno de ellos “reflejan la realidad de las mediciones reales de la obra”. La calidad probatoria de las informes acusatorios de Bildu ya fue puesta en entredicho por el juez en el auto en el que sobreseyó la segunda de las querellas, señalando que pese a la extensa actividad probatoria no existían signos de delito “ni siquiera indiciariamente”.

Bildu tiene cinco días para recurrir el archivo de la causa. Ya lo hizo con la otra querella, cuyo sobreseimiento está recurrido en la Audiencia de Gipuzkoa.

Archivo provisional

El auto de ayer fue dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Azpeitia. El juzgado considera que “de las diligencias practicadas no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa” y acuerda su archivo provisional en un auto que no es firme y contra el que cabe recurso

El auto es claro: queda acreditado que en la liquidación final de la obra “no ha existido perjuicio económico ni para la Diputación Foral de Gipuzkoa ni para Bidegi S.A., por lo que no se puede hablar de desviaciones de dinero público mediante sobreprecios que pudieran sostener una acusación por delito de malversación de caudales públicos como se sostenía en la querella”.

En aquella acción judicial, personificada contra Iván Fernández de Landa, Agustín Zugasti y Juan Bautista March, responsables de Bidegi y de la UTE encargada de la obra, “se denunciaban unas supuestas desviaciones injustificadas en las liquidaciones y unos sobreprecios, los cuales habrían supuesto perjuicio económico para la Diputación Foral de Gipuzkoa”.

Según el auto de la magistrada Claudia Núñez, fechado el 7 de febrero en Azpeitia, “de las diligencias practicadas no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa”.

Bildu presentó sus propios informes periciales, encargados a las empresas Urak Bide e Ingeotyc SA. En el proceso judicial, ‘’se considera comprobado que ninguno de los informes empleados para la interposición de la querella y su ampliación reflejan la realidad de las mediciones reales de la obra, evidencian una sistemática carencia de análisis al tener en cuenta solo parte de los documentos existentes, se adoptan en muchos casos valores de pérdida erróneos, realizados por terceros sin su debida revisión e incluso se realizan cálculos erróneos que dan lugar a valores erróneos, por lo que la totalidad de los informes revisados no pueden considerarse válidos”.

La de la Diputación, bajo el Gobierno del PNV y el PSE, no fue la única impugnación que recibieron esos informes periciales de Bildu. Dos de los acusados, Agustin Zugasti e Iván Fernández de Landa, rechazaron las acusaciones de la coalición soberanista con sus propios dictámenes periciales.

En el caso de este último, el informe justifica que “la obra contratada tuvo importantes incrementos de presupuesto y plazo por causas ajenas a la UTE Laurena, ocasionándole importantes pérdidas. Se pueden justificar y, así se hace en este informe, todos y cada uno de los aspectos que en el informe Munitxa y en el Dictamen Ingeotyc se presentan como pagados en exceso de liquidación. Todos los conceptos y cantidades incluidos en la Liquidación Final de la obra se corresponden con trabajos realizados por UTE Laurena y que en muchos casos no se abonaron en su integridad”.

El auto de la jueza no solo considera relativos e incompletos los informes presentados por la acusación, también da por acreditado que en la liquidación final de la obra no existieron desviaciones de dinero público. De hecho, la documentación aportada por Bidegi demuestra que la cantidad finalmente abonada en la liquidación fue incluso inferior a la presupuestada inicialmente, ya que, la obra se liquidó por 160.074.995,74 euros frente a los 162.882.000 euros presupuestados.

Hace diez años

El ejecutivo de Garitano comenzó a sembrar la duda sobre Bidegi a comienzos de 2013, cuando acusó al anterior diputado general, Markel Olano, de haberse llevado a su casa facturas de gastos de la sociedad entre 2007 y 2014. Sin embargo, la documentación requerida mediante burofax apareció un día más tarde en los propios almacenes de Bidegi.

Fue el preludio de un bombardeo de acusaciones que acabó en el Juzgado de Azpeitia con la presentación, en noviembre de 2014, de la primera querella (ampliada a finales de abril), y de la segunda, en el mes de junio, con el Gobierno en funciones tras perder Bildu las elecciones. Además, Bildu apartaba del caso a los servicios jurídicos de la Diputación y contrataba a los abogados Luix Barinagarrementeria y Unai Iturriotz la defensa de los instereses de la institución foral.

 Con la gestión de Bidegi ya judicializada, Bildu, que entonces gobernaba en minoría, consiguió el apoyo del PP para que las Juntas Generales constituyeran una comisión de investigación en torno a las polémicas obras. Cinco días antes de que la Cámara de Miramon quedara disuelta, y tras escuchar a 17 comparecientes en dos días (entre ellos el diputado general y el responsable de Infraestructuras Viarias durante la ejecución de la obra, Markel Olano y Eneko Goia, respectivamente), la comisión concluyó, únicamente, que se habría producido una “irregularidad contable” y acordó impulsar una nueva comisión de investigación sobre la obra completa de la AP-1 en la siguiente legislatura (2015-2019).

Bildu pide auxilio a la guardia civil

Con EH Bildu ya en la oposición y PNV y PSE al frente del Ejecutivo foral, la coalición abertzale se ha encargado de sembrar dudas en torno a la investigación judicial. El juicio por el caso Bidegi arrancó en marzo de 2015 con la declaración de los tres imputados, que negaron todas las acusaciones. Pocos meses después, en julio, la Diputación (ya en manos de PNV y PSE) encargó a sus propios servicios jurídicos que se hicieran cargo de su defensa, rompiendo la relación contractual con el bufete de abogados contratado por Bildu.

En octubre de 2016, la Diputación aportaba en los juzgados un informe elaborado por sus servicios jurídicos en el que se demostraba que “las cantidades abonadas son correctas” y que los informes encargados por el ejecutivo de Bildu “evidencian una sistemática carencia de análisis y adoptan valores de partida erróneos que generan conclusiones erróneas”.

Unos meses más tarde, en junio de 2017, la acusación particular conformada por cuatro junteros de Bildu anunciaba que la Fiscalía había solicitado la ampliación de la instrucción, que podría demorarse hasta cinco años. Se supo entonces que la coalición abertzale recurrió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante la “desconfianza” que le generaba la Ertzaintza para realizar una pericial independiente. El entonces portavoz de la coalición Xabier Olano justificó su petición de auxilio al Instituto Armado por las “posibles órdenes” que el ejecutivo del PNV habría podido transmitir “para que no se investigue esta causa”.  .