La Justicia pincha el globo del 'caso Bidegi'

El Gobierno de Martin Garitano (Bildu) decidió a finales de 2014 denunciar las obras de esta autopista en los tribunales, al entender que durante su construcción se realizaron pagos por valor de 3,4 millones de euros en concepto de trabajos no liquidados. La querella fue posteriormente ampliada en abril de 2015, al entender el gobierno foral, en manos de la izquierda abertzale, que el desvío producido ascendía a 13,6 millones.

Además, el 7 de mayo de ese año, apenas veinte días antes de las elecciones municipales y forales que, a la postre, apartarían a Bildu del ejecutivo foral, la entonces portavoz Larraitz Ugarte anunciaba una segunda querella (se presentó el 1 de junio, con el Gobierno ya en funciones) por una presunta malversación de fondos públicos de 17,1 millones en el tramo Arlaban-Eskoriatza. Se da la circunstancia de que meses antes, concretamente en mayo de 2014, el Tribunal de Cuentas Públicas ya archivó una denuncia del Ejecutivo foral por presuntos sobrecostes en estas obras. 

Es precisamente esta segunda querella -el proceso judicial de la primera continúa abierto- la que ahora, casi una década después, ha sido sobreseída de forma provisional, al entender la juez que lleva el caso que el informe que sustentaba la querella estaba plagado de “innumerables deficiencias, errores y omisiones que invalidan todas y cada una de las conclusiones establecidas”. “Este primer auto establece con absoluta claridad, por un lado, la inexistencia ni siquiera de indicios constitutivos de delito y, por otro, los llamativos errores y omisiones existentes en la documentación presentada junto con la querella”, ha subrayado Eider Mendoza. “La extensa documental obrante en las actuaciones con las declaraciones testificales y periciales practicadas no ha hecho sino poner de manifiesto las numerosas incongruencias que presentaba el informe pericial presentado junto con las querellas origen de las presentes actuaciones”, ha añadido la diputada general.

“Dañar al rival político”

El auto judicial, sobre el que cabe presentar recurso de apelación en un plazo de cinco días desde su notificación, pone en evidencia, según Mendoza, la estrategia “política” de EH Bildu, a quien ha acusado de “actuar directamente contra la honorabilidad de las personas y la credibilidad de las instituciones” con el único objetivo de “dañar a un rival político”. 

“Este sobreseimiento supone un refrendo al buen nombre y a la integridad de la Diputación foral de Gipuzkoa, de Bidegi y de las personas que fueron tan injustamente tratadas y señaladas por esta querella”, ha valorado la diputada general, Eider Mendoza, que ha pedido a EH Bildu que “abandone esta forma de hacer política”. Asimismo, ha señalado que el auto supone un “descrédito” para quienes “no tuvieron ningún reparo a la hora de menoscabar a las instituciones guipuzcoanas valiéndose de datos erróneos y omisiones con el objeto de dañar a un rival político”. 

En una valoración de urgencia, en la que Mendoza ha querido mantenerse “prudente”, ya que el sobreseimiento es todavía provisional y se puede presentar recurso de apelación en un plazo de cinco días desde su notificación, ha recalcado que el auto del juez recoge que el informe en el que se basaba la querella está plagado de “innumerables deficiencias, errores y omisiones que invalidan todas y cada una de las conclusiones establecidas”. Por todo ello, ha reafirmado los valores de “integridad, honestidad y transparencia que deben regir la Diputación Foral de Gipuzkoa. Es nuestro compromiso y así seguirá siéndolo en el futuro”, ha concluido. 

Una legislatura marcada por la sombra de la duda

El Ejecutivo de Garitano comenzó a sembrar la duda sobre Bidegi ya a comienzos de 2013, cuando acusó al anterior diputado general, Markel Olano, de haberse llevado a su casa facturas de gastos de la sociedad entre 2007 y 2014. Sin embargo, la documentación requerida mediante burofax apareció un día más tarde en los propios almacenes de Bidegi. 

Fue el preludio de un bombardeo de acusaciones que acabó en el Juzgado de Azpeitia con la presentación, en noviembre de 2014, de la primera querella (ampliada a finales de abril), y de la segunda, en el mes de junio, con el Gobierno en funciones tras perder Bildu las elecciones. Además, Bildu apartaba a los servicios jurídicos de la Diputación del caso y contrataba a los abogados Luix Barinagarrementeria y Unai Iturriotz, la defensa de los intereses de la institución foral. 

En víspera electoral y de la mano del PP

Con la gestión de Bidegi ya judicializada, Bildu, que entonces gobernaba en minoría, consiguió el apoyo del PP para que las Juntas Generales constituyeran una comisión de investigación en torno a las polémicas obras. 

Cinco antes de que la Cámara de Miramon quedara disuelta, y tras escuchar a 17 comparecientes en dos días (entre ellos el diputado general y el responsable de Infraestructuras Viarias durante la ejecución de la obra, Markel Olano y Eneko Goia, respectivamente), la comisión concluyó, únicamente, que se habría producido una “irregularidad contable” y acordó impulsar una nueva comisión de investigación sobre la obra completa de la AP-1 en la siguiente legislatura (2015-2019). 

Bildu pide auxilio a la Guardia Civil

Con EH Bildu ya en la oposición y PNV y PSE al frente del Ejecutivo foral, la coalición abertzale se ha encargado de sembrar dudas en torno a la investigación judicial. 

El juicio por el caso Bidegi arrancó en marzo de 2015 con la declaración de los tres imputados, que negaron todas las acusaciones. Pocos meses después, en julio, la Diputación (ya en manos de PNV y PSE) encargó a sus propios servicios jurídicos que se hicieran cargo de su defensa, rompiendo la relación contractual con el bufete de abogados contratado por Bildu.

En octubre de 2016, la Diputación ya en manos de la coalición PNV-PSE aportaba en los juzgados un informe elaborado por sus servicios jurídicos en el que se demostraba que “las cantidades abonadas son correctas” y que los informes encargados por el ejecutivo de Bildu “evidencian una sistemática carencia de análisis y adoptan valores de partida erróneos que generan conclusiones erróneas”.

Unos meses más tarde, en junio de 2017, la acusación particular conformada por cuatro junteros de Bildu anunciaba que la Fiscalía había solicitado la ampliación de la instrucción, que podría demorarse hasta cinco años. Se supo entonces que la coalición abertzale recurrió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante la “desconfianza” que le generaba la Ertzaintza para realizar una pericial independiente.

El entonces portavoz de la coalición Xabier Olano justificó su petición de auxilio al Instituto Armado por las “posibles órdenes” que el ejecutivo del PNV habría podido transmitir “para que no se investigue esta causa”