La plataforma Stop Desahucios ha denunciado el peligro de que una familia de Astigarraga, compuesta por un hombre de 72 años enfermo, sus sobrinos discapacitados y un menor con minusvalía, sufra el lanzamiento del caserío en el que viven por una deuda contraída con un "prestamista".
Miembros de Stop Desahucios han denunciado esta situación en una rueda de prensa que han ofrecido este viernes en el Boulevard de Donostia, en la que, según explican en una nota, han contado con el apoyo del alcalde y varios miembros de la corporación municipal de Astigarraga, así como representantes de EH Bildu, de Elkarrekin Podemos y de varios sindicatos.
Durante la comparecencia, los participantes han leído un comunicado en el que han explicado que la situación que sufre ahora esta familia de Astigarraga se debe a una "emergencia económica" que les llevó a firmar un "préstamo privado con garantía hipotecaria", por importe de 147.000 euros, que iban a recibir mediante cuatro cheques, pero de los que "solo cobraron dos por valor de 60.000 euros".
Stop Desahucios denuncia que las "clausulas abusivas" de este préstamo suponían que en un año debían devolver los 147.000 euros "con un interés del 15 % (22.050 euros)" y con un "interés de mora al 29 % (29.400 euros)" lo que "hace un total de 197.715 euros" que es la deuda que luego se les reclamó en la demanda de ejecución hipotecaria que se instó en 2015.
La citada plataforma detalla que "la oposición ejercida" por la letrada de la familia, "denunciando estas clausulas y prácticas de usura", fue archivada, tras lo que el procedimiento de ejecución hipotecaria "ha seguido adelante", de forma que en mayo de 2022 la vivienda fue "subastada y adjudicada" al prestamista por un valor de tasación de 180.000 euros, "cuando el caserío de más de 200 metros cuadrados vale el doble".
Tras recordar que el fin de este tipo de prestamistas "es quedarse con las viviendas ya pagadas de sus víctimas", SOS Desahucios lamenta que este objetivo ya ha sido "conseguido" en este caso porque ya se ha ordenado el lanzamiento de la familia del caserío para el que sólo falta que se fije "fecha y hora".
No obstante, Stop Desahucios ha explicado que el pasado 16 de enero su abogada ya recurrió este trámite y solicitó el acogimiento al decreto de suspensión de los desahucios hasta el 31 de diciembre para familias vulnerables como ésta, aunque también alegó distinta "legislación europea, estatal y autonómica".
La plataforma ha desvelado que gracias a ello la familia afectada dispone ahora de "una tregua al menos hasta el próximo 31 de diciembre". "Es inaudito que en el siglo XXI estas prácticas no estén perseguidas por la justicia y los indeseables prestamistas sigan haciendo negocio a costa de quedarse con viviendas, en este caso un caserío, por cantidades irrisorias", ha concluido Stop Desahucios.