El ‘caso bidegi’ solo advierte una “irregularidad contable”

Las Juntas Generales decidieron, con los votos favorables de Bildu, Aralar y PP, celebrar una comisión de investigación que pudiera determinar las responsabilidades políticas de las presuntas irregularidades detectadas en la liquidación de la AP-1, durante la pasada legislatura, cuando el PNV estaba al frente del Gobierno foral.

La Cámara territorial adoptó esta decisión después de que el pasado noviembre la Diputación presentase una querella en el juzgado de Azpeitia contra tres exresponsables de la citada obra, por un presunto delito de malversación de fondos por 3,4 millones de euros. Según explicó en aquel momento la portavoz Larraitz Ugarte, los responsables de la sociedad pública Bidegi habrían pagado esta cantidad por una serie de trabajos relacionados con el movimiento de tierras del tramo Arrasate norte-Eskoriatza norte que “no fueron ejecutados”.

Ahora, tras escuchar a los 17 comparecientes que durante los días 13 y 17 han declarado en las Juntas Generales, el informe preliminar de conclusiones, firmado por la presidenta de la comisión, Lohitzune Txarola, determina que “estaríamos ante una irregularidad contable, por lo menos”. Asimismo, en este documento, Txarola evita pronunciarse acerca de si los jeltzales Markel Olano y Eneko Goia, diputado general y diputado de Infraestructuras Viarias en el momento en el que ocurrieron los hechos, tienen o no responsabilidades políticas en este presunto fraude denunciado por la Diputación.

No obstante, la presidenta de la comisión sí da por probadas algunas de las acusaciones que han fundamentado la querella presentada por la Diputación y que, posteriormente, dio lugar a la creación de la propia comisión.

Así, Txarola determina probado que en el depósito de Basagoiti 2 “faltan 900.000 metros cúbicos de tierra, como defiende la Diputación foral”. Sobre la posibilidad de que estas tierras se encuentren en la obra, tesis que a lo largo de la comisión ha defendido tanto el PNV, como el responsable de la UTE o de la ingeniería Eptisa-Cinsa (los dos últimos denunciados por Ugarte), el documento establece “todos esos conceptos se pagaron en su momento y, además, muchos de ellos eran, según el contrato, a cuenta del contratista”. Por ello, Txarola entiende que “no es comprensible que se pague por el depósito de tierras en Basagoiti 2 unas cantidades que realmente no se utilizaron para ello”. Asimismo, añade que estas tierras se computaron en un capítulo que no les correspondía, al situarlas en Basagoiti 2, cuando realmente no estaban ahí.

Además, Txarola determina que “no hubo ningún arbitraje” sobre la obra, tal y como declaró Goia (PNV), como tampoco “peritaje alguno para conocer el valor de la obra”. “El peritaje fue para conocer el dinero que se podía pedir a los bancos”, recoge el documento.

A partir de este momento, los grupos junteros tendrán hasta el lunes para presentar sus propios documentos y aportaciones a la presidenta. Así, la comisión volverá a reunirse un día después, el martes, que será cuando se debatan y se aprueben las conclusiones finales, que deberán ser ratificadas por el pleno del día 30 y que dará fin a la legislatura ya que, desde entonces, las Juntas Generales quedarán disueltas.

“denuncia falsa” Por su parte, el grupo juntero del PNV reiteró que “la Diputación ha elaborado una denuncia falsa para atacar al PNV”, en una estrategia enmarcada en la pugna electoral del próximo mayo.

Para la juntera jeltzale Eider Mendoza, en la comisión de investigación del caso Bidegi ha quedado demostrado que “las tierras estaban en las obras”, en concreto, en “terraplenes, contención de desprendimientos, cobertura de falsos túneles y acondicionamiento de la zona inferior de los viaductos”. Asimismo, Mendoza considera probado que todos los pagos que se realizaron durante la liquidación de la obra estaban “debidamente justificados”, a la vez que insiste en que “ha quedado demostrado que a la UTE se le pagaron 29 millones de euros menos de lo que pidió”.

Todo ello hace concluir a los jeltzales que “el Gobierno foral de Bildu ha manipulado y utilizado de manera absolutamente parcial la documentación de la obra, con la que ha elaborado una falsa denuncia, siempre calculando los tiempos para que la cuestión no se aclare antes de las elecciones forales”. “Larraitz Ugarte -diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias- y Joseba Altube -Director foral de Carreteras- han querido tapar su incapacidad para gestionar la única gran obra que han tenido que realizar durante esta legislatura, Deskarga, que se encuentra paralizada sine die por haber realizado una gestión irresponsable de la misma, que representa un ejemplo de lo que no hay que hacer en una obra pública”, denunció la procuradora jeltzale.