La empresa inmobiliaria Jaureguizar, propietaria de un edificio de viviendas destinadas a alquiler social en Errenteria, ofreció ayer al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de la localidad que adquieran el edificio si desean mantener su uso como vivienda protegida.
La empresa respondió, en un comunicado, a las demandas de Stop Desahucios respecto a este edificio de viviendas, en las que residen 40 familias a quienes se ha comenzado a notificar la extinción de sus contratos de alquiler protegido y la fecha en la que deben desalojar los pisos y entregar las llaves.
Esta plataforma pidió al Gobierno Vasco que evite el desalojo de estas familias y ejerza su “derecho al tanteo” para adquirir las viviendas y seguir destinándolas a alquiler social. Sin embargo, el Gobierno Vasco aseguró que esa no es la solución, ya que, si las compra, se deben volver a adjudicar, siguiendo las baremaciones legales, con lo que no se garantiza que los actuales inquilinos sigan residiendo en estos mismos pisos.
El Ejecutivo autonómico propuso a la inmobiliaria que se acoja a las ayudas existentes para mantener el alquiler social en estas viviendas.
Jaureguizar argumenta, por el contrario, que “las ayudas al arrendamiento social distan mucho de compensar el esfuerzo que supondría asumir una responsabilidad que compete a las administraciones”. Por este motivo, considera que una de las alternativas viables, que ya ha planteado al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de Errenteria, consiste en que adquieran el inmueble “con el propósito de dar continuidad al alquiler protegido bajo su iniciativa, coadyuvando así al incremento del parque de viviendas de titularidad pública dedicadas al arrendamiento social”.
“Estamos abiertos a cualquier otra solución realista y así se lo hemos manifestado tanto al Ayuntamiento de Errenteria como al Gobierno Vasco a través de su Departamento de Vivienda”, indicó la compañía, que argumentó que “es la Administración quien debe, en último término, procurar la solución definitiva”, agregó. La empresa dijo “compartir plenamente la preocupación de los vecinos”, porque se trata, sostiene, “por encima de todo, de un tema humano y social especialmente sensible”, motivo por el que está colaborando con las administraciones “explorando todas las alternativas para llegar a la mejor de las soluciones”. Jaureguizar destacó en su comunicado que en los quince años que ha gestionado el alquiler de estas viviendas, de acuerdo con el convenio de colaboración con el Gobierno Vasco, ha cumplido “con todas y cada una de las obligaciones acordadas”.
