Los vecinos de las viviendas de alquiler social del paseo de Arramendi de Errenteria han pedido al Gobierno Vasco que compre esas viviendas para que puedan continuar en ellas a precios asequibles una vez que el 16 de abril finalice el convenio que suscribió con la empresa propietaria.

Trece de los 40 vecinos ya han recibido un burofax en el que la promotora Jaureguizar les comunica que ha concluido el periodo de quince años de alquiler social establecido en el acuerdo firmado con el Ejecutivo vasco.

Los inquilinos han anunciado que no tienen intención de desalojar los pisos porque sus condiciones siguen siendo las mismas y no pueden optar a otro tipo de vivienda.

Lo han explicado en una rueda de prensa en Donostia, en la que han recibido el respaldo de los colectivos Stop Desahucios y Alokairu, así como de concejales de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE del Ayuntamiento de Errenteria, entre otros.

Han remarcado que ellos han pagado todos sus alquileres, así como el IBI de los pisos durante todos estos años, pero que no tienen capacidad para hacer frente a rentas de vivienda libre ni tampoco para comprar los pisos que Jaureguizar quiere poner ahora a la venta -a precios de VPO porque el carácter de la protección oficial quedó "blindado" en el citado convenio-.

María Ángeles, una de las vecinas que deben abandonar sus viviendas próximamente, ha destacado que su nómina no se han incrementado demasiado en estos tres lustros y que con 58 años no tiene posibilidades de que le concedan un crédito hipotecario al que pueda responder, una situación similar a la de Markel, otro de los participantes en la rueda de prensa.

La portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa, Rosa García, ha señalado que, según la orden de la Consejería de Vivienda de diciembre de 2021, las empresas propietarias de los pisos pueden continuar con los alquileres asequibles, por lo que a cambio recibirían ayudas y subvenciones.

García ha pedido a la empresa que se acoja a esa opción, como han hecho otras promotoras de VPO en el territorio -ha citado un caso de Irun-, y ha dicho que no descartan solicitar al Gobierno Vasco que ejerza "el derecho de tanteo y retracto", y compre las viviendas "a precio VPO" para mantener así los alquileres sociales.

"Decimos bien alto y bien claro que no vamos a desalojar las viviendas. Vamos a seguir pagando las rentas protegidas porque no somos morosos", ha señalado Rosa García, que ha expresado el malestar de los vecinos por haber conocido a través de los medios un comunicado de Jaureguizar en el que destaca que ha cumplido "estrictamente todos los requisitos estipulados en el convenio".

En esa nota, hecha pública este miércoles, Jaureguizar dice que ha estado estudiando "la viabilidad de diferentes alternativas", entre ellas la posibilidad de que el Ayuntamiento de Errenteria o el Ejecutivo vasco adquieran las viviendas.

En el caso de que no sea así, "como sería deseable", la empresa ofrecerá a los actuales inquilinos la adquisición de las viviendas "con carácter preferente".