El Ayuntamiento de Bergara ha contratado un servicio de asesoramiento jurídico para estudiar la posibilidad de revocar la autorización urbanística que otorgó a la empresa Valogreene Paper BC, S.L para la implantación de una planta de tratamiento y eliminación de residuos de la industria papelera en el polígono Larramendi.

"Nos queda claro que el proyecto presentado por la empresa no presenta a día de hoy las garantías ambientales y sanitarias necesarias. Y por prudencia no podemos permitirlo. Nos provoca dudas que, además, pueden afectar a otras áreas, y al Consistorio le corresponde velar por el bien de la ciudadanía", ha manifestado hoy el alcalde, Gorka Artola, (EH Bildu) remitiéndose al informe medioambiental que el Ayuntamiento bergarés ha pagado de su propio bolsillo a la empresa Fitcher de Barcelona.

Las conclusiones que arroja el informe que se ha recibido esta semana, y del que hoy se han dado a conocer a los medios unas pequeñas pinceladas sin hacer público, de momento, su contenido, junto con la alegación contraria al proyecto de Ekologistak Martxan, no han hecho sino disparar aún más "las dudas" de los gestores municipales en torno a una actividad que "incineraría y coincineraría 155.060 toneladas anuales" de residuos del sector papelero, "que en gran parte se depositaban en el vertedero de Zaldibar", en el polígono Larramendi del barrio de San Juan, según advierte la alegación de Ekologistak Martxan.

Artola ha reiterado que la solicitud de la empresa Valogreene es "compatible con el Plan General de Bergara, por lo que ha tenido que ser autorizada por el Consistorio". Aunque este proceso, que se hizo efectivo el pasado julio, podría dar marcha atrás. "Una vez sometido a información pública el proyecto presentado ante el Gobierno Vasco y abierto el plazo de alegaciones, se ha constatado que la empresa Valogreene en su tramitación en el Ayuntamiento, y posteriormente en el departamento de Medio Ambiente, ha utilizado diferentes conceptos en la descripción de la actividad", ha precisado el alcalde.

En estos momentos, por tanto, a nivel municipal se está revisando el informe, y consiguiente licencia, de compatibilidad urbanística "para asegurarnos si la actividad se adapta o no a las normas de planeamiento de Bergara", ha recalcado el primer edil. En palabras de Artola, para que la iniciativa industrial de Valogreene prospere en Larramendi "la ciudadanía bergaresa necesitamos certezas y garantías, y eso solo puede lograrse a través de un debate público y sosegado del promotor, el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, los grupos ecologistas, otras empresas locales y personas interesadas".

Artola ha defendido, asimismo, que desde el principio el Gobierno municipal ha querido contar con la "mayor información posible, fiable e imparcial", teniendo en cuenta que al no existir ninguna otras empresa de este tipo "en nuestro entorno, había un gran desconocimiento sobre el tema".

"Daños colaterales"

"Queremos que se creen y establezcan nuevas empresas en nuestro municipio, para tener un buen tejido económico en Bergara y garantizar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía bergaresa. Pero no queremos cualquier cosa. Necesitamos tener garantías", ha insistido la concejala Ainhoa Lete, también de EH Bildu.

Según manifestó, la incertidumbre que ha desatado la planta de tratamiento de residuos papeleros puede traer consigo "daños colaterales". En este sentido, ha asegurado, que tienen la confirmación de que la llegada de Valogreene a Larramendi "disuadirá a otras empresas". "El desarrollo económico del complejo industrial de Larramendi y Bergara puede estar totalmente condicionado por la implantación de Valogreene. En el caso de que alguna empresa diera marcha atrás en la decisión de instalarse en Larramendi, estos puestos se trasladarán fuera de Bergara, cosa que nos preocupa mucho", ha advertido Lete.

Según ha podido saber este periódico, dos empresas que habían mostrado su interés por iniciar su actividad en el mencionado polígono han aparcado por ahora sus intenciones hasta que se aclare la situación generada.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha pedido al Ejecutivo Autonómico una ampliación del periodo de alegaciones, del 8 de noviembre, que es cuando inicialmente se cierra el plazo, al 29 del mismo mes. La institución local planea presentar su propia alegación ante el Gobierno Vasco, que tiene la competencia en materia de medio ambiente y, al mismo tiempo, de dar la licencia a la actividad.

En cualquier caso, el Consistorio respondiendo al compromiso adquirido con los barrios de San Juan, Basalgo y Ubera próximos al polígono industrial, contrató a la empresa Fitcher de Barcelona para que elaborara un estudio de impacto ambiental del proyecto. Sus autores han enumerado hoy algunas conclusiones del informe realizado con cuatro recomendaciones, que inciden en el vertido de residuos al agua, los focos de emisión de contaminantes y el ruido.

Recogida de firmas

Por su parte, los vecinos del entorno del polígono Larramendi han iniciado hoy una campaña de recogida de firmas para apoyar la alegación que van a presentar contra el proyecto para instalar lo que han denominado "macroincineradora en Bergara". La iniciativa se llevará a cabo también el lunes y el próximo fin de semana. Además, el 2 de noviembre, han convocado una reunión en el barrio San Juan con agentes locales.