Planta de residuos de Azkoitia | La razón del pueblo

l derecho de un particular a emprender una iniciativa privada en sus terrenos y la voluntad popular chocan de frente en Azkoitia y colocan al Ayuntamiento de la villa en una complicada tesitura que podría desembocar en los tribunales. Es un nuevo episodio de la eterna crisis de los residuos en Gipuzkoa, una derivada más: nadie quiere desechos en su pueblo, ni los camiones que los transportan, ni infraestructuras bajo sospecha. Una sospecha enquistada, insana y sin visos de solución, por culpa de una vieja guerra política que dejó rescoldos de guerra y muchas cuentas pendientes en el territorio.

En noviembre de 2020, cuando Larke 360, una sociedad limitada con domicilio en Azkoitia, no se resignó a la decisión del Ayuntamiento y presentó alegaciones, ya se avistaba tormenta. Larke 360 había obtenido unos meses antes la autorización del Gobierno Vasco para construir su planta de reciclaje de residuos no peligrosos en Azkoitia, pero ante la polémica suscitada en la villa, el Ayuntamiento finalmente se puso manos a la obra y el Pleno decidió, a finales de septiembre y por unanimidad, cambiar sus normas subsidiarias para impedir su construcción.

La posterior alegación de la empresa no era una pataleta sin fundamento. La Comisión de Ordenación Territorial del País Vasco (COTPV) le ha dado la razón, ha fallado a su favor y resucita el proyecto. Y la polémica, puesto que el Ayuntamiento no cede. El alcalde, Javier Zubizarreta (PNV), con el apoyo de todos los grupos municipales, ha manifestado que hará "todo lo posible para que se respete la decisión tomada por unanimidad en el Pleno, una decisión acorde con la voluntad del pueblo". Y añade que están estudiando diferentes fórmulas para ello. Digan lo que digan las Directrices de Ordenación del Territorio y sus "preceptivas normas". Normas que hay que cumplir, supuestamente.

La bomba estalló el 7 de abril de 2020, hace poco más de un año, y Azkoitia hirvió. Un día antes, el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó que el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco había dado el visto bueno para construir una planta de gestión de residuos no peligrosos sobre una superficie de 36.898 metros cuadrados en el alto de Azkarate, en Azkoitia.

La mayoría de los residuos serían derivados de construcciones y demoliciones (tierras, piedras, ladrillos, yesos, cemento, tejas...); pero las instalaciones también acogerían y gestionarían, en menor medida, residuos de agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca, envases, madera, vidrio, plástico, papel, cartón o textiles.

la sombra de zaldibar

Cuando saltó la noticia, no habían pasado más que dos meses desde que el vertedero de Zaldibar reventó, el 6 de febrero de 2020, llevándose por delante la vida de dos personas. Pocos días después de esta tragedia, se conoció además que el vertedero Lurpe de Mutiloa estaba lleno e iba a dejar de ofrecer servicio a sus clientes el 29 de febrero, abriendo de plano el melón de la gestión de los residuos no peligrosos de muchas empresas. El Gobierno Vasco buscaba alternativas y calaba la idea de que hacían falta más infraestructuras.

La tormenta en Azkoitia duró varias semanas, durante el confinamiento, con caceroladas en contra de la instalación y un debate sin ninguna expectativa de solución, pese a los esfuerzos iniciales del gobierno municipal en explicar las bondades del proyecto: "No se trata de ningún vertedero, sino de una planta de valorización de residuos de la construcción"; es "una instalación en la que se van a clasificar y tratar los residuos de obras para transformar el material y poder volver a reutilizarlo"; "se va a clasificar, transformar y reutilizar un material que hasta ahora se deposita a en vertederos"; "es una actividad que promueve tanto la legislación europea como la recientemente aprobada por el Gobierno Vasco". En balde. No corrían tiempos para la didáctica.

Las redes sociales, termómetro de la actual política, hicieron el resto. La planta de residuos era una patata caliente, justo en el peor momento. "Si obtiene todos los permisos, el Ayuntamiento no podría paralizar la planta ni queriendo", llegó a asegurar el alcalde. Pero el horno no estaba para bollos y la etiqueta de "vertedero" que le colocó a la instalación el grupo municipal de EH Bildu enredó aún más el debate.

En solo una semana se creó una plataforma en contra de la planta, Azkarate Garbi, y poco después esta se posicionó junto al grupo municipal de EH Bildu en contra de su construcción. El lío estaba servido.

la unanimidad imposible

En medio de la polémica, el alcalde anunció que la planta "no se hará si no hay unanimidad" y convocó un proceso participativo, con una ensalada de actores que no preveía un buen desenlace si lo que se pretendía era unanimidad. Se citaron los promotores, los diferentes partidos políticos, grupos ecologistas y conservacionistas, plataformas vecinales contra el proyecto y otros colectivos como GuraSOS, colectivo implicado en la la lucha contra la incineradora.

El acuerdo por unanimidad era una quimera. Y tras más de tres horas de reunión, el alcalde asumió que debía acogerse a su compromiso: sin unanimidad, no impulsaría la planta.

Todo ello para frustración de los gremios de Azkoitia, profesionales y pequeños autónomos de la construcción que se posicionaron a favor de una instalación de este tipo, "siempre que esté gestionada con todas las garantías y escrupulosidad". Recordaron que no tenían dónde llevar los residuos que se generan en las obras del pueblo, entre 1.000 y 2.000 kilos en la reforma de un baño y 20.000 en la de toda la vivienda. El problema es "grave", habían dicho, por lo que exigían "una solución urgente".

Pero el Ayuntamiento no iba a aceptar la instalación. Encargó un informe jurídico-técnico, una herramienta muy socorrida en diferentes administraciones públicas para intentar justificar decisiones de cuestionable encaje legal. Y así sucedió. Los responsables de Larke 360 ya advirtieron al Consistorio de que la decisión adoptada por el Pleno en septiembre "carece de base legal" y que los mandatos contrarios a la ley "pueden incurrir en delitos penales".

Falta saber si, tras la última resolución del COTPV y frente a la previsible reacción del Ayuntamiento, la empresa seguirá adelante.

El alcalde de Azkoitia llegó a decir que "si obtiene todos los permisos, el Ayuntamiento no podría paralizar la planta ni queriendo", pero se resiste