Asistimos estos días a la presentación del programa de la capitalidad cultural de Donostia. Las instituciones y sus representantes presentan orgullosos y orgullosas la programación a desarrollar a lo largo del próximo año. Se está hablando, y mucho, de cultura. Nuestra ciudad quiere convertirse en referente en este ámbito y, por tanto, las instituciones y sus responsables debemos estar a la altura de tal reto.

La cultura está en la agenda comunicativa de los responsables institucionales, no hay duda, pero cabría preguntarse si también lo está en sus acciones. No se puede, ni se debe, limitar la acción a presentar una serie de acontecimientos o eventos, que aunque positivos, puedan resultar efímeros; debemos apostar por acciones dirigidas a su consolidación y permanencia en el tiempo.

Por ello, cuando a nivel teórico se habla de cultura y se programan distintas líneas de trabajo, es necesario analizar si se está produciendo una disociación entre la teoría y la práctica; es decir, si acompasamos discursos con hechos. No se trata de bonitas palabras, ni de hacer públicos buenos propósitos. Los hechos son los que son y a los responsables públicos se les debe juzgar por lo que hacen y no por lo que dicen.

Centrémonos, y sin ánimo de querer limitar el concepto de cultura, en lo que está pasando en nuestra ciudad con el teatro Bellas Artes. Se trata de un edificio patrimonio de la ciudad y sobre el que todas las instituciones con competencia cultural han llegado a concluir que se trata de un edificio a proteger per se por los valores del mismo: es un edificio protegido tanto por el Gobierno Vasco (orden del 4 de marzo de 2015) como por el Ayuntamiento (PEPPUC) al que, sin embargo, los grados de protección no le han servido para mantener su integridad. Y no le han servido, por decisiones adoptadas tanto por el Ayuntamiento como por la Diputación y el Gobierno Vasco.

Y es que mientras se preparaba la presentación de la capitalidad cultural, se permitía el derribo de la cúpula que coronaba el citado edificio y una de las principales señas de identidad del mismo. Mucho tiempo llevaba la propietaria del edificio, la empresa SADE, intentando el derribo y/o modificación de este edificio del arquitecto donostiarra Ramón Cortázar.

Los responsables institucionales han recurrido a la supuesta obligatoriedad de aceptar la petición de derribo, sin alcanzar a explicar suficientemente las razones por las que no se podía haber rehabilitado, sin moverla de su sitio, como se hizo en el caso de la cúpula de la basílica de Loiola en Azpeitia. Menos explicable es aún que ninguna de las autoridades con competencia en la materia haya tomado medidas que obliguen a la propiedad a la restitución filológica inmediata del elemento “derribado” o haya señalado plazo alguno para su ejecución o para la presentación del necesario proyecto de restitución. Podríamos preguntarnos de qué le ha servido al Bellas su protección.

El Gobierno Municipal de la ciudad, dirigido por Eneko Goia y Ernesto Gasco, debía haber trabajado para que se adoptasen medidas con el objetivo de garantizar la integridad de este emblemático edificio. Podrían haber mirado en el espejo de la Casa de baños en la C/ Easo, donde la anterior legislatura se exigió la presentación previa de un proyecto de despiece, así como la de un proyecto de reconstrucción, con un plazo para materializar la restitución del elemento desmontado y un aval como garantía antes de proceder a su desmontaje. Sin embargo, ha preferido no incomodar a la SADE: no ha tomado medida alguna que obligue a la propietaria a nada. De tal manera que, a pesar de que el concejal delegado de Urbanismo Enrique Ramos diga que la empresa deberá reponer la cúpula, esta tiene la “soberbia” de manifestar públicamente que no lo realizará. Porque ve que el Gobierno Municipal ha decidido no obligarle a nada. Porque sabe que las afirmaciones de Enrique Ramos, sin plazo y sin garantías, son auténtico papel mojado. Porque se sienten impunes ante un gobierno débil, que parece más preocupado en complacerles que en proteger el patrimonio de la ciudad.

Las manifestaciones de la propietaria y de algunos representantes del Gobierno municipal de PNV y PSOE parecen ir en la línea del propósito de la SADE de derribar la totalidad del edificio. Y es que mientras se manifiesta desde la propiedad su intención de no reponer la cúpula inmediatamente, el Gobierno Municipal y las demás instituciones con competencia en materia cultural se limitan a mirar a otro lado y a esconderse para no cumplir con sus responsabilidades en materia de protección del patrimonio, claramente contenidas en la Ley 7/90 de 3 de julio de Patrimonio Cultural del País Vasco.

Es evidente que la SADE, como empresa privada, busca la utilización más lucrativa posible de su inmueble, pero las administraciones públicas deben buscar el interés colectivo por encima del particular. En el presente caso, en la pugna entre interés común y privado, no sale muy bien parado el común, que ve cómo se está produciendo una pérdida de patrimonio de la ciudad.