Eibar - Los tribunales de justicia han dado razón al Ayuntamiento de Eibar en el contencioso que mantenía con la empresa a la que, en primera instancia, se adjudicaron los trabajos para la creación del parque cubierto de juegos infantiles de Txaltxa Zelai. La resolución supone que la firma Ravi Obras, Transportes y Excavaciones deberá indemnizar al Ayuntamiento con 285.360 euros.

Según recuerdan desde el Consistorio eibartarra, la empresa castellonense resultó en su día adjudicataria de la ejecución de este proyecto tras salir a concurso. No obstante, “no acometió los trabajos -ni siquiera los inició- en los plazos exigidos, ni asumió los compromisos recogidos en la adjudicación”, por lo que el Ayuntamiento decidió rescindir el contrato. La falta de ejecución de la obra para una fecha determinada, supuso que el Ayuntamiento dejó de percibir una subvención del Gobierno Vasco de 235.756 euros.

Desde el Ayuntamiento se consideró en todo momento que la empresa adjudicataria de la obra era la responsable de la falta de concesión de la ayuda, y con el objetivo de salvaguardar sus intereses llevó el caso a los tribunales. Previamente, y tras haber rescindido el contrato, el Consistorio abrió un nuevo proceso de licitación, circunstancia que retrasó de forma importante el proyecto pero que, finalmente, fue una realidad a finales del año 2013 tras encargarse los trabajos a otra firma.

Concretamente, fue la empresa Sasoi Eraikuntzak la que acometió (en un plazo de seis meses y por un importe de 295.349 euros) el proyecto para la construcción del parque cubierto de Txaltxa Zelai; una actuación que la ciudadanía llevaba varios años solicitando al Ayuntamiento para poder disponer de un espacio urbano cubierto en el que poder estar con los niños las temporadas de mal tiempo.

Los retrasos experimentados en la ejecución de la obra supusieron la pérdida de la subvención del Gobierno Vasco y dieron origen a críticas por parte de determinados grupos de la oposición hacia la gestión del equipo de gobierno. Ahora, con la sentencia de los tribunales en la mano, los responsables municipales reivindican que su actuación fue “la correcta”.