José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, ha ordenado la prisión provisional a la mujer que había denunciado en noviembre a Cándido Conde-Pumpido, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, por presunta agresión sexual. La mujer fue detenida en Málaga ayer, martes, después de ser reclamada por Brasil por un delito de homicidio en grado de tentativa.
El magistrado Calama ha respaldado en la Audiencia Nacional la solicitud de prisión realizada por la Fiscalía durante la comparecencia de la denunciante. La decisión se basa en la gravedad de los cargos presentados en Brasil y una pena máxima de 30 años de cárcel, a la que tendría que hacer frente en su país natal. Para formalizar la extradición de la mujer, las autoridades brasileñas disponen de un plazo máximo de 80 días. En su comparecencia, la denunciante rechazó ser entregada a la policía de su país. Según su abogado, Juan Gonzalo Ospina, no existe ningún riesgo de fuga, ya que esta reside actualmente en Málaga y su día a día se desarrolla sin incidentes.
La detención de la mujer se llevó a cabo siguiendo una orden internacional de detención emitida por Brasil. De acuerdo con la Guardia Civil, la acusada está implicada en un caso de asesinato en grado de tentativa ocurrido en 2022. Presuntamente, la mujer habría apuñalado a un hombre durante una discusión, poniendo en riesgo su vida y teniendo que ser llevado inmediatamente de urgencias. Por su parte, Ospina ha puesto en duda la falta de acciones por parte de la policía al presentar la denuncia contra Conde-Pumpido. Al mismo tiempo, el abogado de la mujer señala que la acusada abandonó Brasil de manera voluntaria, argumentando que habría viajado en diferentes ocasiones a otros países, y que no tenía ninguna obligación legal al llegar a España. Además, la defensa hace hincapié en la conexión entre la denuncia y la solicitud de entrega internacional.
En prisión provisional
Por lo tanto, el juez ha decidido enviar a prisión provisional a la mujer brasileña, acusada de un delito de homicidio en grado de tentativa en Brasil. Mientras tanto, se están acelerando los trámites legales para formalizar su posible extradición. La decisión del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, se basa en la gravedad de los cargos, así como en la pena máxima a la que tendría que hacer frente en Brasil, de 30 años de cárcel.
