La nueva ministra portavoz del Gobierno español se ha estrenado con un mensaje de corto recorrido. Plantea eludir la acción del Poder Legislativo dejando al Congreso sin posibilidad de debatir y crear normas con rango de ley para asumir ese papel desde el Ejecutivo mediante reglamentos. Para poder hacerlo sin desbordar los límites que el rango de estos tiene impuestos –sin suplantar a las leyes–, se arriesga a limitar la eficacia de sus iniciativas y a circunscribirlas a ámbitos de menor alcance. Un reglamento está subordinado jerárquicamente a normas previas y no puede dar respuesta ni regular materias que exijan rango legislativo. La tentación de soslayar la acción del Congreso por la carencia de una mayoría estable no es una solución. Agravaría la exposición y desgaste del gobierno de Pedro Sánchez, en tanto expuesto a recursos paralizantes. La experiencia del pasado sobre decretos unilaterales que el Tribunal Constitucional interpretó que invadían la reserva de ley –además de competencias autonómicas– debería ser suficientemente disuasoria. No es, por tanto, la respuesta a los problemas de imagen ni a su dificultad para responder con agilidad a compromisos previos o nuevos escenarios.
Pero, además, cede el relato de la legitimidad a la oposición. Eludir al Congreso por la ausencia de mayorías, mina el principio democrático que deposita en los representantes de la ciudadanía el ejercicio de su soberanía. Un reglamento, efímero y unilateral, propicia inseguridad jurídica. La práctica puede resultar especialmente complicada en un marco descentralizado, con competencias exclusivas transferidas. La regulación reglamentaria de esas materias sería una invasión inadmisible del modelo bilateral: el de Cupo, Convenio y Concierto; bien porque pueda pretender una recentralización ineficiente, bien por la parálisis de su judicialización. Pedro Sánchez debería encarar la enfermedad y no tratar de enmascarar los síntomas. La ausencia de mayorías deviene de acuerdos incumplidos, de falta de habilidad en la gestión de sus competencias con afectación a terceros y de una unilateralidad obsesionada con enunciados que ofrecer a la opinión pública que han resultado demasiadas veces fiascos inaplicables. Sólo el retorno al consenso con quienes acordó su Presidencia puede sostenerle en ella.
