Se va desbrozando el modo en que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende aplicar la condonación de deuda a las autonomías de régimen común, en caso de obtener la mayoría parlamentaria para aplicarla, extremo que aún no está garantizado. Para cuando ese paso deba ser dado, es preciso que el procedimiento de quita haya despejado todas sus implicaciones. En el caso de los regímenes forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y la Foral de Navarra, se dan pasos que deberían clarificar el tratamiento que deben recibir. Para empezar, su naturaleza ya implica que no se beneficiaran en su día del endeudamiento a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que convertía al Estado en acreedor de los préstamos cuyo importe se va a ver reducido en beneficio de las autonomías que los solicitaron. Parece despejada, según ayer admitía la vicepresidenta y titular de Hacienda del Gobierno español, María Jesús Montero, la preocupación de que esa deuda, reasumida en los balances del Estado, impacte en el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra. Es preciso recordar de nuevo que el 6,24% de los intereses de la deuda del Estado se computan para el pago del cupo y el 1,6%, para el de la aportación. No acompañar la condonación excepcional con una excepción equivalente a ese procedimiento habría impactado en la CAPV y Navarra, asumiendo, de facto, un pago que no les correspondía. Ese escenario, a falta de que adquiera rango normativo en las respectivas comisiones mixtas, no copa, sin embargo las posiblidades de equilibrio y efecto solidario de la medida. La desaparición de una parte significativa de la deuda autonómica propicia a las comunidades beneficiarias afrontar un nuevo endeudamiento sin desbordar los límites del sistema de equilibrio fiscal. Algo que no ocurre en el caso foral, en tanto su régimen propio le obliga a amortizar su deuda y, con el rigor actual, no podrá asumir más en caso de necesidad de gasto adicional. Pero no porque no pueda soportarlo sino porque el límite solidario con el montante global del resto del Estado se lo impediría. La revisión de la participación en ese límite con una mayor margen de financiación externa restauraría un equilibrio que ahora se puede romper elevando la solidaridad foral por encima de la del régimen común.
