El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia que constituye un rapapolvo a la Comisión Europea y los Gobiernos de la Unión por obviar el derecho internacional y haber acordado con el reino de Marruecos la explotación de los recursos naturales que corresponden a la zona en litigio del Sáhara Occidental. El TJUE anula esos acuerdos y deja en suspenso un significativo volumen de comercio entre Europa y Rabat porque no se han tenido en cuenta los derechos propios del pueblo saharaui, cuya representación, en la práctica, ha sido usurpada unilateralmente por el régimen alauita. Estos extremos no son nuevos ni eran desconocidos por los negociadores de la Comisión cuando se suscribieron esos acuerdos. Es flagrante la apropiación de facto por imposición militar marroquí y el incumplimiento de las disposiciones de Naciones Unidas sobre la que fuera provincia española hasta hace 50 años. El interés europeo y estadounidense en el papel del régimen de Mohamed VI como gendarme regional ante la inmigración subsahariana y el fenómeno del islamismo radical ha venido justificando el abandono de responsabilidades y la negación de derechos de un pueblo que aspira a constituir su República Árabe Saharaui Democrática y no solo a reivindicarla desde el exilio en Argelia. La vergonzante actitud en este caso propicia que, en el mejor de los casos, los saharauis alcancen el estatuto de apátridas en Europa, cuando no son víctimas de expulsión a Marruecos por considerarse ilegal su presencia en suelo español, como está haciendo el Gobierno español. La primera reacción de la Comisión vuelve a primar su gestión del interés estratégico y comercial por encima del derecho internacional y humanitario. Puede ser comprensible que tanto Ursula Von der Leyen como Josep Borrell corran a apuntalar la relación prioritaria con Rabat. Pero la “sólida amistad” y la consideración especial del socio magrebí que destacaban en respuesta a la sentencia solo puede sostenerse en principios de derecho y estos han sido ratificados en un sentido muy claro por el Tribunal europeo. En consecuencia, no basta con “tomar nota” de la sentencia. Es preciso aplicarla y recomponer una relación estable con Marruecos que no sea un cheque en blanco a la ocupación y respete los derechos del pueblo saharaui.