La Fiscalía belga investiga una presunta corrupción que salpica a una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo y al secretario general de la Confederación Sindical Internacional, entre otros. Un escándalo de supuestos sobornos cuyo alcance está por clarificar pero que tendría a las autoridades de Catar como inductoras y financiadoras en busca de un beneficio de imagen y de ventajas ante las instituciones europeas, en medio de las críticas por la actitud discriminatoria tanto social como laboralmente en aquel país. En una primera aproximación, podría parecer que el pago a un representante público por la defensa de intereses particulares es un exceso de la dinámica de lobbies que rodean a todas las instituciones democráticas. La tentación de rebajar su importancia considerándolo un mero ejercicio de marketing, choca con la profundidad de sus efectos. Catar se ha situado en el centro de la atención con la Copa del Mundo de fútbol, buscando un lavado de imagen de las acusaciones de violación de derechos sociales y laborales. La propia Eurocámara edulcoró una resolución el mes pasado, que pasó de criticar la falta de garantías y derechos a apoyar los esfuerzos del régimen catarí en defensa –presuntamente– de la mejora de las condiciones laborales. La hoy detenida vicepresidenta llegó a sostener en ese debate que Catar era víctima de discriminación y que encabeza los derechos laborales, afirmaciones a todas luces contrarias a la realidad. La Eurocámara tramita además la exención de visado a los ciudadanos de Catar, una excepción manifiesta al modelo Schengen. Frente a la realidad de la acción lobista hay algunos extremos que deben fijarse. En primer lugar, que existe un registro europeo voluntario –y por tanto insuficiente– al que pueden pero no están obligados a sumarse los grupos lobistas. Además, no hay una normativa única de transparencia en el seno de la UE – en el Estado español está vigente la norma de 2013 y el año pasado, comenzó a tramitarse una nueva ley de transparencia–. Los Códigos Éticos y de Buen Gobierno son los mecanismos de los que también las instituciones autonómicas de la CAV y Navarra se han dotado y su vigilancia y aplicación garantiza la transparencia, única herramienta de defensa del interés general frente a los particulares. No va a dejar de haber lobistas; lo inadmisible es su capacidad de corromper.