El Gobierno Vasco ha aprobado una partida de 65 millones de euros en 2026, que prevé ampliar hasta los 95 millones, para garantizar la Prestación Económica de Vivienda (PEV), una ayuda destinada a ayudar a sufragar el alquiler del mercado libre cuando no existe la posibilidad de que los beneficiarios accedan a una vivienda protegida o un alojamiento dotacional.
El consejero de Vivienda ha dado los detalles del importe en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en la que Denis Itxaso ha destacado que actualmente "la mitad de los hogares en alquiler en Euskadi vive en una vivienda protegida o recibe una ayuda pública".
Prestación Económica de Vivienda
Itxaso ha remarcado que este montante servirá para financiar la Prestación Económica de Vivienda, cuyo objetivo consiste en garantizar el pago de los alquileres cuando el derecho subjetivo de acceso a una vivienda no puede satisfacerse de manera inmediata a través de la adjudicación de un piso del parque público.
El crédito inicial es de 65 millones, aunque ampliable, por lo que Itxaso ha estimado que podría elevarse hasta los 95 millones este año, si se mantiene la misma tendencia del año anterior.
Cifras y estimaciones
El año pasado se destinaron un total de 94,5 millones a estas ayudas, ya que aunque la partida inicial fue de 57,97 millones acabó ampliándose en 36,6 millones. Entre sus particularidades, destaca el estar destinada a personas y familias que carecen de recursos económicos para acceder a una vivienda digna y que tienen que alquilar en el mercado libre. Otra particularidad es que son incompatibles con otras ayudas públicas destinadas a la misma necesidad de residencia habitual, ha matizado.
Itxaso ha indicado que la aprobación en las próximas semanas del decreto de medidas urgentes -ha dado un plazo de un mes o mes y medio- conllevará la actualización al alza del límite de ingresos máximos que permiten acceder a estas ayudas, lo que ampliará el número de beneficiarios. "A cierre de 2026 esperamos llegar a 35.000 hogares a través del derecho subjetivo y su prestación económica asociada", ha estimado el consejero.
Una vez actualizadas, las rentas máximas para acceder a estas ayudas se fijarán en 14.000 euros para unidades de un solo miembro; 18.000 para las de 2 personas; y 20.000 para unidades de tres o más integrantes.
El consejero ha remarcado que el parque de viviendas en alquiler en Euskadi supera los 137.000, sumando el alquiler libre y el protegido. A continuación, ha afirmado que con los 35.000 hogares que podrán beneficiarse de las ayudas PEV, más las en torno a 30.000 viviendas públicas que se pretenden habilitar a finales de 2026 y las 9.500 ayudas del programa Gaztelagun previstas, en esa fecha el 54 % del mercado corresponderá a viviendas con ayudas públicas directas o indirectas, 4 puntos más que ahora.
- El Gobierno Vasco aprueba 65 millones de euros de gasto para garantizar la Prestación Económica de Vivienda (PEV), con crédito ampliable en 2026,
- El consejero de Vivienda y Agenda Urbana ha recordado que “la Ley Vasca de Vivienda, que reconoce el derecho subjetivo a acceder una vivienda digna y estable, contempla una prestación económica como mecanismo subsidiario, es decir, un apoyo económico para alquilar en el mercado libre, y que nadie quede atrás mientras seguimos ampliando la oferta de vivienda asequible”
Prestación Económica de Vivienda
La Prestación Económica de Vivienda es un apoyo periódico dirigido a ayudar a sufragar la renta del alquiler cuando no es posible atender el derecho subjetivo mediante la adjudicación de una vivienda protegida o un alojamiento dotacional. Por tanto, tiene un carácter subsidiario: opera como garantía pública mientras se continúa reforzando el parque de vivienda público y asequible.
Los límites de ingresos máximos actualizados (una vez se apruebe el Decreto de Medidas Urgentes) pasan a ser:
- 14.000 euros/año para unidades convivenciales de 1 miembro
- 18.000 euros/año para unidades convivenciales de 2 miembros
- 20.000 euros/año para unidades convivenciales de 3 o más miembros
La prestación es intransferible, debe destinarse exclusivamente al pago de la renta y su cuantía se calcula en función de la situación de la unidad convivencial y el coste del alquiler, sin que pueda superar el importe de la renta acreditada. La PEV se gestiona a través de las Delegaciones Territoriales de Vivienda y se abona mediante ingreso en cuenta bancaria.
Para acceder a la PEV es necesario cumplir los requisitos del derecho subjetivo y acreditar, entre otros aspectos, la residencia en una vivienda en alquiler o situaciones asimiladas previstas, así como las condiciones económicas establecidas. La prestación es incompatible con otras ayudas públicas destinadas a la misma necesidad de residencia habitual (por ejemplo, ayudas sociales de emergencia vinculadas al alquiler, ayudas al alquiler como Gaztelagun u otras ayudas municipales), con el fin de garantizar que el apoyo se dirige de forma ordenada y no se solapa con otros instrumentos.
