La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha vuelto a reclamar a "no buscar el enemigo en casa" ante la mezcla en el debate político del ataque de Israel contra la Franja de Gaza y la construcción del tranvía de Jerusalén con CAF como uno de sus agentes: "El enemigo es el Gobierno de Netanyahu y no otro".
Cuestionada por los datos que la llevaron a aseverar en el reciente Pleno de Política General que renunciar al contrato del tranvía de Jerusalén (unos 1.800 millones de euros) podría conllevar el cierre o el traslado de CAF, la diputada general ha recordado cómo y por qué afirmó aquello, en el turno de réplicas a la oposición, en especial, EH Bildu y Elkarrekin Gipuzkoa. "Como se dijo en las Juntas, que hay empresas que tienen vinculación con el genocidio, me pareció totalmente inaceptable y lo vuelvo a repetir hoy", ha asegurado en Euskadi Irratia, donde más allá de su afirmación sobre el cierre o traslado de la compañía con sede en Beasain, ha defendido que "antes de decir eso dije otras cosas que me parecen importantes".
"El enemigo es el Gobierno de Netanyahu y ningún otro. Y poner semejante responsabilidad sobre la espalda de otra entidad pública, de una empresa o de una universidad pública es injusto", ha zanjado Mendoza, que ha recordado que como diputada general tiene "una responsabilidad y desde esa responsabilidad lo dije: no podíamos actuar con ligereza, lo que está ocurriendo allí es deleznable, vemos las imágenes lamentables y aterradoras todas los días".
Penalizaciones multimillonarias
El peso específico de las declaraciones de Mendoza va más allá de su actual responsabilidad como diputada general, ya que aborda una cuestión que conoce bien de cerca. Licenciada en Empresariales por École de Commerce Européenne de Burdeos, obtuvo una especialización en Comercio Internacional.
"Cuando se dice con esa ligereza que es fácil romper un contrato, no saben qué hay detrás de eso", ha respondido la jefa del Ejecutivo foral. "El genocidio debemos denunciarlo, pero no se puede ligar con una empresa", ha abundado Mendoza, que considera que "cuando hay un contrato así, por valor de 1.800 millones de euros, dejarlo por dejar, con tantos avales y sanciones que se suelen firmar, una empresa no puede asumir" las consecuencias.
