La diputada de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Itziar Agirre, ha comparecido este jueves en las Juntas Generales de Gipuzkoa para informar del proyecto de norma foral por el que se aprobará la reforma fiscal del territorio, un primer paso que inicia el proceso que culminará, según las previsiones de la Diputación de Gipuzkoa, este primer trimestre del año. No obstante, el equipo de gobierno foral conformado por PNV y PSE van a necesitar del apoyo de algún partido político de la oposición, situación que se repite en Álava pero no en Bizkaia, donde tienen una mayoría absoluta.
En este sentido, recientemente la portavoz del grupo juntero de EH Bildu en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, afirmó que la coalición soberanista no apoyaría una reforma fiscal avalada por el PP. La comparecencia de Itziar Agirre coincide con las intervenciones que tendrán también hoy las otras dos diputadas de Hacienda y Finanzas de Araba y Bizkaia en sus respectivas Juntas Generales.
Agirre ha desgranado el conjunto de medidas contempladas en la propuesta acordada por el PNV y el PSE para el conjunto de la CAV donde destacan, entre otras, la ampliación de 14.000 a 19.000 euros el límite para realizar la declaración del IRPF, la reducción en este impuesto de un 15% a mujeres emprendedoras cuando antes era del 10% o una deducción de 1.200 euros en el caso de las mujeres y de 1.500 en el de los hombres en la reincorporación al trabajo tras el cuidado de hijos menores de tres años.
La vivienda, tal y como ya aseguró con anterioridad la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, es uno de los ámbitos donde se han incorporado más medidas como mejorar el tratamiento fiscal de los arrendadores si es para un alquiler de vivienda habitual y una deducción del 35% a colectivos vulnerables y jóvenes. La propuesta eleva la edad para considerar una persona joven de 30 a 36 años, y a este grupo se le aplicarán deducciones de hasta 85.000 euros de la base liquidable en caso de compra.
Empresas
La conciliación no sólo se limita a beneficios en el IRPF, sino que se traslada también al Impuesto sobre Sociedades y, así, las empresas que implanten medidas en este sentido tendrán una deducción en la cuota del 5% con un límite de 2.500 euros. Este porcentaje ascenderá al 15% si se acoge al plan un tercio de la plantilla.
En lo que respecta a la sostenibilidad, la propuesta de proyecto de norma foral incluye deducciones entre un 5 y un 10% en el IRPF por la compra de vehículos nuevos de cero emisiones y del 15% por instalación de puntos de recarga. Se crea una reducción del 35% para instalaciones de generación de energías renovables que sustituyan a combustibles fósiles dirigida al sector industrial. Las EPSV tendrán también un tratamiento especial si se recupera lo aportado en forma de renta, puesto que estas cantidades estarán exentas de tributación.
Oposición
Son algunas de las iniciativas formuladas por la diputada de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa que han tenido su réplica por parte de los partidos políticos de la oposición, cuyas intervenciones avanzan un primer sentido de voto que, no obstante, puede variar en función de las negociaciones que se desarrollen en las próximas semanas. Uno de los grupos más reacios es Elkarrekin Gipuzkoa cuya portavoz en la Comisión de Hacienda, Miren Echeveste, ha hablado de “decepción” porque esta propuesta “ayuda a quienes no necesitan ayuda”.
Ha aclarado que su grupo juntero considera que se ha beneficiado a los grandes tenedores de vivienda, puesto que no se ha actuado para que paguen más, sino que las medidas se focalizan en las personas que quieren acceder a la vivienda con ayudas. En este sentido, ha lamentado que se priorice la compra sobre el alquiler que, según ha señalado, “es lo que demanda la sociedad”, sobre todo las rentas bajas. También ha criticado que se refuercen las EPSV porque, a su entender, no todas las personas disponen de una renta que les permita realizar estas aportaciones, y ha denunciado que se equipare la violencia de género con la violencia doméstica lo que, desde el punto de vista jurídico, no es similar.
El portavoz del PP, Mikel Lezama, también ha mostrado su discrepancia con algunos puntos, aunque con una posición más posibilista. Ha lamentado que, tras la ponencia sobre la reforma fiscal que se ha desarrollado en las Juntas Generales de Gipuzkoa, la lectura de la propuesta acordada por el PNV y el PSE representa “la pérdida de oportunidad de ser vanguardia fiscal” al “quedarnos muy cortos”. En su opinión, y recordando que armonización no es uniformización, ha planteado la posibilidad de incorporar a este texto medidas específicas para el territorio de Gipuzkoa, para lo que su grupo trabaja con la presentación, más adelante, de diversas enmiendas. En todo caso, ha abogado por “abandonar luchas partidistas” y se ha mostrado “abierto al diálogo con el gobierno foral para incorporar otras medidas”.
Ayuso o Navarra
Haritz Pérez, portavoz del grupo juntero de EH Bildu, ha coincidido con Elkarrekin Gipuzkoa al denunciar que en esta propuesta los que más tienen no pagan más. Ha recordado que no es suficiente que las rentas más bajas paguen menos, sino que también deben recibir más ayudas que deben provenir de las rentas más altas, de aquellos que “cobran diez veces más que el SMI”. Pérez se ha referido al informe de conclusiones de la ponencia sobre la reforma fiscal que fue aprobado con el voto a favor de EH Bildu para advertir de que, de las 28 iniciativas propuestas, el texto hoy presentado sólo recoge cuatro.
“Hay dos caminos, Ayuso o Navarra, mirar a la derecha o a la izquierda”, ha dicho, para dirigirse a Itziar Agirre y recordarle que “tendréis que volver a decidir con quién queréis pactar la reforma fiscal”. Ha abogado por incluir en el texto lo acordado en el informe sobre la ponencia para obtener el voto favorable de su partido porque, además, “eso no pasa por reducir la recaudación” que, según ha indicado, se prevé si se implanta el modelo propuesto por el PNVy el PSE.
Equipo de gobierno
El portavoz de este último partido, Jesús Zaballos, ha reconocido que esta propuesta no refleja todas las medidas que desearían los socialistas guipuzcoanos, “pero hemos hecho un serio esfuerzo para llegar a un texto consensuado para el bien común”. “De nada sirve el todo o nada”, ha proseguido, y ha recordado que la aritmética política en las Juntas Generales de Gipuzkoa exige el apoyo de alguno de los partidos de la oposición para aprobar la reforma, por lo que una posición más férrea supondría “arriesgarnos a que no se apruebe y a la desarmonización”.
Según ha señalado, ahora se abre un periodo de negociaciones con la oposición donde le ha pedido que “nos enfoquemos en los intereses comunes y no en las diferencias” a pesar de las reservas que puedan surgir y que, ha añadido, “las entiendo”. Ha concluido solicitando que entre todos los grupos junteros se pueda mejorar el texto.
El representante del grupo juntero del PNV, Ianko Gamboa, ha indicado que el informe de conclusiones de la ponencia sobre la reforma fiscal de Gipuzkoa fue compartido también con las diputaciones de Bizkaia y Araba y con el Gobierno Vasco para que conocieran las medidas que contenía y ha señalado que, si bien “siempre se puede hacer más”, el texto consensuado con los socialistas vascos recoge medidas que aseguran una recaudación y una progresividad.
Proyecto aplazado
La necesidad de reformar el sistema tributario vasco ya se planteó hace años, pero la irrupción de la pandemia de coronavirus y la posterior invasión de Ucrania por parte de Rusia creó un escenario poco propicio para una revisión de la normativa fiscal, que se centró en aprobar medidas en este ámbito excepcionales para proteger a ciudadanía y actividad económica de las consecuencias de estos sucesos.
Sin embargo, a finales de 2023 las tres diputaciones de la CAV consideraron que había llegado el momento de abordar esta reforma y establecieron un calendario para el proceso que fijaba el 31 de diciembre de aquel año como plazo límite para que cada una de ellas presentara los informes y análisis relativos al impacto económico de las reformas de 2014 y 2018 en la fiscalidad en Euskadi, que se realizaron en tiempo y forma.
Creación de una ponencia
A partir de este momento, Gipuzkoa se diferenció de los otros territorios de la CAV al decidir sus Juntas Generales crear una ponencia sobre la reforma fiscal que se constituyó en enero de 2024 y se prolongó por espacio de seis meses, a lo largo de los cuales más de 60 agentes económicos y sociales expusieron sus propuestas con el fin de contribuir, desde su punto de vista, a elaborar un modelo fiscal equitativo.
La Comisión de Hacienda de las Juntas Generales elaboró posteriormente un informe que recogía las conclusiones de estas intervenciones, que fue sometido a votación en el Parlamento guipuzcoano en una sesión en la que los diferentes grupos de la oposición mostraron opiniones divergentes, pese a que buena parte de sus enmiendas fueron incorporadas. La crítica general coincidió en considerar muy generalista el texto, pese a lo cual fue finalmente apoyado a mediados de julio del año pasado con los votos a favor del PNV, PSE y EH Bildu y la abstención del PP y de Elkarrekin Gipuzkoa.
Propuesta del equipo de gobierno
Tres meses después, sin embargo, el PNV y el PSE, socios en el Gobierno Vasco, presentaron una propuesta de reforma fiscal común a todos los territorios de la CAV a fin de proceder de manera armonizada, lo que provocó críticas en la oposición en Gipuzkoa, dado que tanto EH Bildu como PP y Elkarrekin Gipuzkoa interpretaron que todo el trabajo realizado durante seis meses por parte de la ponencia sobre la reforma fiscal quedaba en papel mojado.
PNV y PSE hablan de revisión (no de reforma, porque reivindican que el marco en vigor ha funcionado), y apuestan por impulsar la innovación, la competitividad del tejido económico y social para afrontar con garantías los retos del envejecimiento y los cuidados; favorecer el empleo digno, la emancipación de los jóvenes y la igualdad, proteger a los desfavorecidos... El acuerdo se concreta en un proyecto que ha presentado hoy Itziar Agirre para que se tramite en las Juntas Generales.