Se trataba de una de las primeras decisiones que debía adoptar el nuevo Gobierno de coalición. Y también una de las más intrincadas, por la trabajada negociación que supone y el considerable impacto en las cuentas domésticas. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes una prórroga del grueso de las medidas que ya componían el denominado ‘escudo social’. No obstante, será una continuidad parcial, puesto que uno de sus ejes más conocidos, la ‘excepción ibérica’ en materia energética, tiene visos de que no seguirá adelante más allá del 31 de diciembre.
PSOE y Sumar, así como el resto de formaciones que dan estabilidad al Ejecutivo, negociaban ayer los flecos de la que será la séptima prórroga de un paquete de medidas que nació a finales de marzo del pasado año bajo el nombre de Plan de Choque de Respuesta a la Guerra. Sus objetivos han sido combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania, para lo cual se han movilizado recursos por valor de 47.000 millones de euros. Desde entonces, conceptos como IPC, factura energética e IVA alimentario se han vuelto de uso cotidiano.
LA ‘EXCEPCIÓN IBÉRICA’, CASI EXCLUIDA
Una de las medidas que mayor efecto ha tenido en los últimos meses para hacer frente al incremento de precios, principalmente energéticos, es el mecanismo ‘ibérico’, que ha permitido a España y Portugal desacoplar la evolución del precio de la electricidad del precio del gas natural. Fuentes del Ministerio daban ayer por hecho a la agencia Europa Press que la medida decaerá cuando expire al finalizar diciembre, tras señalar que España ya contaba con que la prórroga negociada con Bruselas antes de verano fuera la última, teniendo en cuenta que el instrumento lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero.
Sin embargo, aún persisten incógnitas de calado. Una de las dudas es la decisión sobre la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público, que ha implicado la gratuidad en autobuses y trenes para usuarios habituales. En su discurso de investidura, Sánchez confirmó que todos los menores, los jóvenes y desempleados podrán seguir disfrutando de ese descuento, pero no concretó si se extenderá al resto de la población, como hasta ahora. El Gobierno debe decidir si seguirá bonificando con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%. En el apartado alimentario, se mantendrá la supresión durante seis meses más, hasta junio, del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan, la harina, la leche, los quesos o los huevos, y la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta, algo que ya adelantó el propio Sánchez.
Este nuevo decreto prorrogará las medidas vinculadas con el disfrute de las ayudas públicas. De esta manera, las empresas que hayan recibido ayudas directas o por ERTE y que despidan alegando causas como el aumento de los costes energéticos estarán obligadas a reintegrar las ayudas. De igual manera, se prorrogará la suspensión de los desahucios de vivienda habitual para personas y familias vulnerables, medida pactada con Bildu.
Asimismo, aún no está claro si las rebajas del tipo de IVA al 5% a la electricidad y el gas se van a extender, así como la aplicación del tipo impositivo rebajado del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que en principio están en vigor hasta fin de año.
