El Parlamento Vasco reclamó ayer al Gobierno español que apruebe “a la mayor brevedad posible” el reglamento que desarrolla el Fondo de Compensación de Víctimas de Amianto. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a tenerlo preparado para el 20 de enero del presente ejercicio, pero su presentación se retrasa.
La reivindicación data de 2013, cuando el Parlamento vasco aprobó una ponencia para estudiar la posibilidad de crear un fondo que indemnizara a las víctimas del amianto y a sus familiares, con la participación de agentes sociales que intervinieron en 18 comparecencias parlamentarias, tal y como recordó ayer la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto Fedavica.
Dos años más tarde, el Parlamento Vasco aprobó la creación de esta figura pero, al no tener competencias sobre la materia, se dirigió al Gobierno español para que tramitara esta ley. Desde entonces, ha debido registrar hasta en tres ocasiones el proyecto de ley, en 2016, 2017 y 2019, sin resultados inmediatos. No fue hasta el pasado ejercicio cuando se finalizó la tramitación parlamentaria en Madrid con el compromiso de que se presentaría un reglamento para la creación del fondo en el plazo de tres meses, que concluyó el 20 de enero de 2023.
En ese intervalo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones elaboró un borrador de reglamento que no contó con la aprobación ni de los sindicatos ni de las asociaciones de víctimas.
En este contexto, la regularización de la indemnización a las víctimas del amianto regresó ayer al Parlamento vasco a iniciativa del PP, que presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno español a aprobar este reglamento, aunque finalmente se dio el visto bueno a una enmienda firmada por PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU con los votos a favor de estos partidos políticos, de PP y de Vox y con el único voto en contra de Ciudadanos.
Debate parlamentario
El portavoz del PP, Carmelo Barrio, lamentó el retraso que sufre este proyecto legislativo a pesar de que, según dijo, en otros países como Francia ya existe un fondo de estas características. Criticó también al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al señalar que no ha emitido respuesta alguna a la “indignación, protesta y preocupación” de las asociaciones de víctimas.
Maitane Ipiñazar, parlamentaria del PNV, por su parte, también denunció el retraso de meses porque “las víctimas lo están esperando, lo necesitan y son muchísimos años de lucha con el objetivo de intentar reparar el dolor y el daño causado”. La portavoz de EH Bildu, Eba Blanco, lamentó que “tenemos una ley que podría estar ayudando y acompañando a muchas víctimas del amianto que está congelada”, al tiempo que pidió que se corrija el borrador de reglamento presentado por el Gobierno español al no recoger las reivindicaciones del colectivo afectado.
Jon Hernández de Elkarrekin Podemos-IU advirtió del contenido “descafeinado” de la propuesta, y recordó a los firmantes del acuerdo que son “absolutamente necesarios para que se conforme” un gobierno en España que pueda llevar adelante esta ley. La portavoz socialista, Gloria Sánchez, justificó este retraso en la convocatoria de elecciones generales de marzo de 2023, que paralizó la tramitación de estos trámites, aunque aseguró “estar de acuerdo” con que se apruebe el reglamento “cuanto antes”.
Víctimas
Fedavica señaló que el reglamento propuesto contradice el espíritu de una ley que “pretendía acabar con los largos procesos judiciales”, además de abrir la puerta a otorgar indemnizaciones más bajas de las que reciben otros colectivos como “las víctimas del terrorismo, del VIH o de la talidomida”. A estas críticas añadió que el borrador de reglamento tampoco contempla atender a todas las víctimas puesto que “discrimina a los familiares de los fallecidos en los pasados años”.
Por este motivo, coincidió con el Parlamento vasco en urgir al Ejecutivo español en funciones a rectificar los puntos en cuestión y a crear el Fondo de Compensación de Víctimas del Amianto.
