Las comunidades autónomas invirtieron en ciberseguridad el pasado año 37 millones de euros en 226 contratos, el 16,26% de lo que gastaron en conjunto las administraciones públicas en la protección de sus sistemas informáticos, y las entidades locales otros 31,95 millones, el 14%, en 323 contratos.
Según el informe correspondiente al último ejercicio que acaba de publicar el portal Adjudicaciones TIC, la inversión en ciberseguridad por parte de las administraciones públicas españolas durante el año 2022 rozó los 228 millones de euros, mediante un total de 880 adjudicaciones. Con un total próximo a los 159 millones de euros en 331 contratos, la Administración General del Estado se situó en primera posición, con un 69,73% del total, como la más inversora en este ámbito el pasado ejercicio, tanto en inversiones por licitación abierta (94,51 millones) como por compras centralizadas (64,41 millones).
Señala el informe que la inversión total durante 2022 “ha sido muy positiva” y que las administraciones públicas “son cada vez más conscientes de la necesidad que existe en lo que respecta a la protección de sus sistemas”.
Sumando la inversión autonómica y municipal, las comunidades en las que más se invirtió fueron Andalucía, Catalunya y País Vasco, que sumaron 36,11 millones de euros, es decir, el 52,33 % del conjunto de las administraciones territoriales y el 15,84 % del total de las administraciones públicas.
Andalucía ocupó la primera posición con 19,15 millones, el 27,75% del total de las administraciones territoriales, seguida de Catalunya, con 9,66 millones, el 14%, y País Vasco, con 7,3 millones, el 10,58%.
Por número de adjudicaciones, entre esas tres comunidades sumaron 283 contratos, el 32,16 % del total de adjudicaciones del año, con Cataluña en primer lugar (116), por delante de Andalucía (109) y País Vasco (58).
El análisis de la consultora Adjudicaciones TIC afirma que “la ciberseguridad en las administraciones públicas españolas es un tema crítico debido a la cantidad de información sensible y confidencial que se maneja en estas entidades”, ya que “los datos personales, financieros y estratégicos de los ciudadanos y del propio Estado están almacenados en sistemas informáticos y, por lo tanto, son susceptibles de ser objeto de ataques informáticos”.
“Por este motivo, en los últimos años se ha observado un aumento significativo en el número de ciberataques contra las administraciones públicas españolas” y “aún existen desafíos en materia de ciberseguridad” como “la falta de inversión suficiente en tecnología de seguridad y la escasez de personal especializado en ciberseguridad”.
