Esta segunda parte de la reforma complementa a las medidas pactadas en 2021, que volvían a revalorizar las pensiones conforme al IPC. Para los expertos consultados, el sistema público de pensiones se enfrenta a retos del alta exigencia a medio y largo plazo. “Los gastos y las pensiones van a seguir creciendo en los próximos años, mientras que va a ser muy complicado que los ingresos lo hagan en la misma medida por razones demográficas”, explica el profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU. A su juicio, “está claro que las pensiones futuras no van a mejorar en la misma medida que hasta ahora”. El ratio de dependencia mide la relación entre el número de ocupados y el de pensionistas. El impulso del empleo tras el efecto rebote en la economía generado tras dejar atrás la crisis sanitaria por la pandemia ha mejorado ese ratio, que ahora está en 2,38 trabajadores por cada jubilado. Se estima que el mínimo para asegurar la estabilidad del sistema de pensiones es de dos por uno. No obstante, el baremo actual queda lejos del 2,8 que había antes de la crisis financiera que asoló a la economía la década pasada.
José Luis Álvarez, de la Universidad de Navarra, echa de menos que la reforma de las pensiones no venga acompañada de cambios más profundos en el mercado de trabajo que permitan atajar el problema del desempleo. “¿Cuánto de sostenible va a ser el sistema en el futuro con menos gente trabajando y salarios más bajos?”, se pregunta este docente. En lo que coinciden también ambos expertos es en destacar que los salarios en franjas medias son los que, por el momento, menos se van a ver afectados por la subida de las bases máximas.
