El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del caso Popular tomará declaración como investigado este miércoles al auditor de PricewaterhouseCoopers (PwC) Jose María Sanz Olmeda, que coordinó las auditorías de las cuentas anuales del Banco Popular entre los años 2009 y 2015.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, acepta la petición de varias acusaciones particulares y, con el visto bueno de la Fiscalía, llama a sede judicial a Sanz a partir de las 9.00 horas. El magistrado explica que, hasta ahora, en la causa figuraban como investigados el auditor de PwC del año 2016 y la propia entidad como persona jurídica, recordando además que ya se inadmitió una querella en 2018 contra el propio Sanz.
Sin embargo, Calama considera ahora pertinente su declaración como investigado y explica que “la ardua y compleja instrucción practicada” ha ido perfilando unos hechos que con carácter provisional permiten afirmar que “las cuentas anuales del año 2015 del Banco Popular ocultaban un déficit de provisiones generado por el incumplimiento consciente de las normas contables contenidas en el anejo IX de la Circular 4/2004 del Banco de España”.
En este contexto, el magistrado recuerda que fue PwC la firma auditora del Banco Popular durante los años 2015 y anteriores y que José María Sanz Olmeda fue el máximo responsable de la auditora en la planificación y ejecución de los trabajos de auditoría en dicha entidad financiera desde 2009 a 2015. “De lo hasta ahora instruido, se puede afirmar que los auditores de PwC no detectaron las importantes carencias de provisiones originadas por una anómala clasificación crediticia –desde la óptica del riesgo– y por una gestión contable de los activos adjudicados, que, en buena parte, se apartó del cumplimiento del referido anejo IX de la Circular 4/2004”, concluye el juez.
Ampliación parcial
Cabe recordar que el juez Calama recientemente solicitó una nueva ampliación de informe a los peritos del Banco de España Teodoro Fernández y Álvaro López después de que surgieran una serie de dudas en su declaración en sede judicial. Estos últimos movimientos se enmarcan en la causa en la que el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
La instrucción comenzó en octubre de 2017, apenas cuatro meses después de que la Junta Única de Resolución acordara finiquitar el banco, señalando la gestión del último presidente de la entidad financiera, Emilio Saracho, que se hizo cargo de un banco con problemas de imagen, pues el precio de la acción descendía como consecuencia de ataques a corto y la publicación de noticias que en muchos casos resultaban ser falsas o exageradas.
