Por fin. Las más de 28.000 empleadas del hogar vascas afiliadas a la Seguridad Social tendrán derecho a cobrar la prestación por desempleo, al igual que el resto de los trabajadores. El Consejo de Ministros aprobó ayer la norma que pone fin “a una injusticia absolutamente inaceptable”, en palabras de Pedro Sánchez. Las empleadas del hogar –en su mayoría mujeres– adquirirán el derecho a percibir el paro si son despedidas a partir del 1 de octubre. Sin embargo, para poder acceder a la prestación deberán haber cotizado durante un año, como el resto de los asalariados. El importe estará bonificado en un 80%.

La norma también limita la figura del desistimiento, que permitía el despido sin causa para las empleadas de hogar. Para los empleadores, la nueva cotización por desempleo fijada en un tipo del 6% (del que el empleador asume el 5% y el trabajador el 1%) y el 0,2% para el Fogasa, supondrá un incremento de la cuota mensual a la Seguridad Social de 31,38 euros en el caso de cotizar por una base de 1.166,7 euros o de 4,49 euros en una de 500 euros, según los datos facilitados por la Seguridad Social.

El pasado mes de febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una histórica sentencia en la que acusaba a España de discriminar a las empleadas del hogar al negarles el derecho al paro, al ser el único sector sin acceso a esta prestación social básica. Los magistrados europeos concluyeron así que la negativa del sistema legal español era contraria a la directiva europea de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que esta es la iniciativa “más importante” puesta en marcha por su departamento en la legislatura, porque “pone en el centro de su actuación pública el bienestar para las que, hasta el día de hoy, han sido las grandes olvidadas como son las mujeres trabajadoras más vulnerables”. Asimismo, explicó que, gracias a este decreto, las trabajadoras del hogar no solo acceden a la prestación por desempleo, sino también a “todas las prestaciones asistenciales disponibles hoy en el ordenamiento jurídico laboral”, dándoles, por ejemplo, también cobertura en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en caso de insolvencia; o se les incorpora a la prevención de riesgos laborales.

Reacciones

CCOO lamentó ayer que la norma no haya sido negociada en el ámbito del diálogo social y que debe ser complementada en este ámbito, incorporando elementos del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que aún quedan pendientes de su trasposición a la legislación española. Destacó asimismo la regulación del derecho a la negociación colectiva para este sector de los servicios, el papel de la Inspección de Trabajo o la plena integración en el Régimen General con carácter inmediato, que ha quedado aplazada hasta 2024. Por su parte, UGT consideró que es preciso aclarar un sistema de bonificaciones y reducciones complejo y abordar otras cuestiones que, a su juicio, son igualmente urgentes.

En Euskadi hay un total de 28.056 trabajadoras del hogar afiliadas a la Seguridad Social –9.629 en Gipuzkoa, 2.864 en Araba y 15.563 en Bizkaia–; sin embargo, existen muchas más en situación irregular. Al respecto, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE) exigió “una reforma básica: la del régimen de Extranjería” para que haya “papeles para todas”. En una nota, la asociación consideró positivo el derecho al desempleo reconocido para estas trabajadoras pero criticó que no se comience a abonar hasta que se cumplan los periodos de cotización exigidos en el Régimen General. “Después de negar el derecho, ahora se exige haber cotizado como al resto”, denunció.