- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima para octubre la puesta en marcha de expedientes a las comercializadoras que hayan podido incurrir en subidas injustificadas en el recibo de la luz a sus clientes. La presidenta de la entidad, Cani Fernández, anunció ayer que de los 250.000 contratos de operadoras analizados, se han investigado unos 150.000 susceptibles de incurrir en alzas no justificadas en la factura eléctrica.

Estos procesos de indagación se iniciaron a raíz del cambio en la facturación eléctrica que entró en vigor el pasado mes de junio y en una primera fase el organismo supervisor requirió información a 28 comercializadoras con más de 75.000 clientes. Fernández explicó que a esta primera fase de análisis sigue una segunda centrada en comercializadoras de menor dimensión y, sobre este punto, expresó su temor de que algunas de estas firmas puedan “quebrar”, salvo que estén cubiertas por seguros que les permita asumir la diferencia entre el precio que pagan por la luz y las tarifas pactadas con los clientes.

Desde que entró en vigor la nueva tarifa eléctrica, el caos está afectando a miles de consumidores. De hecho, Facua-Consumidores en Acción reclamó hace unos días a la CNMC la apertura de una investigación sobre este asunto “del que están siendo víctimas los consumidores de forma masiva”. La organización atribuye este caos a dos causas: por un lado, un problema informático de Endesa, que ha derivado en que desde septiembre del año pasado haya dejado de emitir y cobrar millones de facturas.

Y, por otro, que las distribuidoras han sido incapaces de adaptarse al nuevo sistema de peajes y cargos regulados en vigor desde junio, provocando que no faciliten a las comercializadoras los datos de facturación o lo hagan con errores. “Con ello, multitud de clientes llevan desde entonces sin recibir las facturas o lo han hecho con cantidades irregulares que tienen que corregirse”, denunció Facua.

Es por ello que considera que Competencia debe evaluar si las compañías responsables han actuado de forma diligente o, por el contrario, están incurriendo en prácticas negligentes ante la enorme demora en resolverlas. “Los problemas de las distribuidoras para adaptarse a los cambios regulatorios están provocando que los consumidores acumulen importantes deudas y desconozcan si les aplican las tarifas correctas, lo que supone una situación de enorme indefensión”.

“Algo que adquiere especial gravedad teniendo en cuenta que la propia CNMC ha anunciado, ocultando los nombres, que determinadas comercializadoras han inflado ilegalmente sus tarifas aprovechando los cambios en los peajes y cargos regulados de junio”, añadió.

Facua explicó, asimismo, que si se ha producido un funcionamiento incorrecto de los contadores o un error de tipo administrativo que haya provocado retrasos en la facturación o el cobro de cantidades superiores a las que correspondían, los consumidores tienen derecho a realizar los pagos “en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error”.