Tras el plan de choque del Gobierno de Pedro Sánchez para abaratar el recibo de la luz, Iberdrola ha decidido mover ficha: está enviando cartas a sus clientes industriales y grandes empresas para informales de que los contratos fijos a largo plazo que mantienen con ellos son actualmente insostenibles y que revisará al alza las tarifas. Además, ha decidido paralizar proyectos renovables por la bajada de su rentabilidad.
Para amortiguar el impacto de la subida del mercado mayorista eléctrico (pool) en el recibo de la luz de hogares y empresas por los altos precios del gas, el Gobierno aprobó un real decreto ley que, entre otras medidas, obliga a nucleares, hidroeléctricas y renovables sin primas a devolver los beneficios "extra" que generen hasta marzo de 2022 por los altos precios de un recurso que no usan.
Esta medida levantó las críticas de la práctica totalidad del sector por considerar que ataca la viabilidad de los contratos bilaterales de suministro cerrados hace meses a precios fijos y muy inferiores a los que del pool, actualmente en máximos históricos. Ahora, Iberdrola ha decidido tomar medidas.
"Muchas instalaciones sin emisiones contaminantes que ya tenían cerrado un precio fijo a largo plazo con clientes y, por lo tanto no ingresan los elevados precios del mercado spot, se van a ver afectadas por este nuevo pago", explica la compañía en las misivas que está enviando. Ese nuevo "nuevo coste" representará más de 70 euros/megavatio hora (MWh) y, considerando el precio del suministro de electricidad establecido en el contrato, "se produce una situación de manifiesto desequilibrio" por una circunstancia "extraordinaria, imprevisible y sobrevenida" que hace insostenible su continuidad (de las prestaciones del contrato) en las condiciones económicas aplicadas, señala Iberdrola en las cartas.
"La voluntad es el mantenimiento del contrato en condiciones en las que quede restablecido el equilibro económico, por ello les emplazamos a negociar las condiciones económicas que se aplicarían de forma temporal para el periodo en que estén vigentes los efectos de las medidas del real decreto-ley", añade.
La eléctrica apunta en sus misivas que, en todo caso y sin perjuicio de su aplicación temporal, en el momento en que estas medidas pudieran ser revertidas por decisión del Gobierno o de los tribunales "se procederá a regularizar el precio procediendo a la devolución del importe que corresponda".
Por otra parte, ha informado a sus proveedores de que ha decidido paralizar los procesos de licitación en curso de bienes y servicios asociados a la construcción de nuevos proyectos renovables en el Estado hasta haber llevado a cabo una evaluación en detalle de su viabilidad económica tras la entrada en vigor del real decreto.
EL GOBIERNO ANALIZA LAS CARTAS
Tras conocer el envío de las cartas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el Gobierno ve con "cierta preocupación" este tipo de medidas. "Es probable que la revisión de las tarifas la tuvieran planteada incluso antes de la adopción de estas medidas, pero queremos entender qué es lo que están haciendo y por qué, porque pensamos que no está justificado este anuncio", ha señalado la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.
"Creemos que si hay algún tipo de problema no puede ser algo que perjudique ni a consumidores ni a industriales ni a trabajadores, con los que tenemos la obligación de hablar para tender lo que está ocurriendo y cómo podemos reaccionar", ha añadido.
