- El Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales de la Comunidad Autónoma Vasca han alcanzado un principio de acuerdo para renovar la conocida como Ley de Aportaciones, el instrumento que reparte los fondos entre todos los niveles institucionales de Euskadi y que permanecía sin tocar desde hace diez años por las evidentes desavenencias entre las partes. De hecho, la última normativa venció en el año 2011 y desde entonces estaba prorrogada por la incapacidad para llegar a un acuerdo.
Las diferencias entre las tres diputaciones forales, independientemente del color político de sus Ejecutivos, sobre los fondos a repartir y en qué porcentajes habían impedido adecuar la Ley de Aportaciones a los cambios tributarios y económicos que se han producido en estos años.
Ahora, por fin, en lo que constituye una buena noticia para la estabilidad institucional del País Vasco, se ha logrado un preacuerdo. Según el mismo, la nueva ley se aplicará en el período 2022-2026 tras aprobarse la futura normativa, según fuentes del Gobierno Vasco, en el transcurso de un Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVF) extraordinario, que se reunirá el próximo 15 de julio. En el transcurso del mismo se reunirán las representaciones del Ejecutivo vasco liderado por el lehendakari Iñigo Urkullu, de los tres gobiernos forales de la CAV, y de los ayuntamientos para aprobar la nueva metodología.
Una vez lograda la fumata blanca, el Consejo de Gobierno tendrá que validar el proyecto de Ley que se remitirá al Parlamento Vasco para su aprobación definitiva.
El calendario está apretado pero las instituciones vascas consideran que «contar con la Ley aprobada antes del Consejo Vasco de Finanzas de octubre posibilitaría que las instituciones vascas elaboren los presupuestos del ejercicio 2022» aplicando ya la nueva fórmula de reparto de los recursos económicos que, entre otras cosas, evitará que algunos territorios forales se consideren infrafinanciados.
El preacuerdo alcanzado, según los negociadores, recoge las reivindicaciones que las distintas instituciones vascas, en especial la diputación alavesa, han venido reclamando durante la vigencia de la actual metodología y, principalmente, «pone en valor la incorporación de los preceptos» que se derivan de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, que como se recordará cuenta con un capítulo especialmente dedicado a la financiación municipal.
En realidad, el acuerdo pergeñado de la mano del consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, es muy continuista, prueba de lo complicado que resulta efectuar transformaciones profundas en un asunto tan delicado y que con frecuencia ha desatado la polémica y el enfrentamiento entre territorios, incluso gobernados por el mismo partido político, y entre grupos políticos.
Entre las modificaciones que se van a introducir se encuentra un cambio en el llamado coeficiente vertical, el que reparte el dinero recaudado entre el Gobierno Vasco y las diputaciones forales, pues se incrementará del 70,04% actual al 70,81% futuro, a favor del Ejecutivo de Lakua para hacer frente a la integración de los nuevos traspasos asumidos por el Gobierno Vasco en los últimos años.
Traducido, ello supone que de cada 100 euros que se recauden, 70,81 se destinarán a las necesidades del Gobierno de Gasteiz, mientras que las diputaciones forales y los ayuntamientos agrupados en Eudel, tendrán que repartirse los 29,16 restantes. En cuanto a los coeficientes horizontales, el peso de cada territorio en su aportación a las arcas comunes de Euskadi, no hay cambios. El pasado ejercicio de cada 100 euros que se enviaron al Ejecutivo vasco, Bizkaia aportó 50,39; Gipuzkoa, 33,34; y Álava, 16,27.
Un aspecto a destacar es que el preacuerdo mantiene el objetivo de que el peso relativo de la recaudación de cada diputación foral alcance el 99% de su coeficiente horizontal, con lo que el límite máximo del Fondo General de Ajuste aumentará hasta el 1,45% de los recursos a distribuir entre las instituciones vascas frente al 1% fijado por la actual Ley de Aportaciones. A juicio de los firmantes, «el incremento en la cuantía máxima del Fondo General de Ajuste aumenta las garantías para los Territorios Históricos».
El pacto alcanzado establece un porcentaje mínimo de participación de las entidades municipales en los tributos concertados: será del 39,23%, con lo que «consolidarán un porcentaje de participación en los tributos concertados superior al actual».
La Ley de Aportaciones, - cuyo origen está en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre-, es la normativa que regula el reparto de los ingresos tributarios entre las diputaciones forales, que son las instituciones competentes en materia de recaudación, y el Gobierno Vasco, del que dependen la mayor parte de los servicios públicos que se prestan en la CAV.
Ley
La Ley de Aportaciones es la normativa que regula el reparto de los ingresos tributarios entre las diputaciones forales de la CAV, que son las instituciones competentes en materia de recaudación, y el Gobierno Vasco, del que dependen la mayor parte de los servicios públicos que se prestan en la comunidad.
Reparto
De cada 100 euros recaudados fiscalmente, el Gobierno Vasco recibirá el 70,81% frente al 70,04% actual. Las diputaciones y los ayuntamientos percibirán, en conjunto, el 29,16% restante.
No cambia. El pasado año, Bizkaia aportó el 50,39%, Gipuzkoa, el 33,34% y Álava, el 16,27%.
Fondo
Aumentará del 1 al 1,45%. Los ayuntamientos de Euskadi tendrán derecho a participar con el 39,23% en los tributos concertados.
