La Hacienda foral de Gipuzkoa ha publicado esta mañana la sexta lista de contribuyentes con grandes deudas con el erario público, un listado que incluye a 45 sujetos que suman una deuda total de 264 millones de euros, según ha informado la Diputación de Gipuzkoa.
En la lista están incluidas aquellas personas físicas y jurídicas cuya deuda con Hacienda supera el millón de euro al final del ejercicio 2020. Y, respecto a la anterior lista que se pulicó en junio, se han incluido a seis nuevos contribuyentes cuya deuda conjunta asciende a 11,2 millones, mientras que han abandonado esta enaumeración de morosos tras saldar su dedua otros 14, cuyo valor ascendía a 38,9 millones.
El principal moroso de esta lista es la firma de construcción inmobiliaria Lagilur S.L., con una deuda de más de 80,2 millones de euros, seguida de los hermanos José Ramón y Juan Miguel Osinalde Echaniz, con deudas superiores a 31,4 millones de euros, cada uno de ellos.
Según señalan desde la Diputación, "la publicación de los nombres se enmarca en la estrategia de lucha contra la evasión fiscal de la institución foral y tiene por objeto contribuir a la deslegitimación social del fraude a través de la publicitación de conductas tributarias reprobables. Dicho de otro modo, la Hacienda foral busca a través de la publicación del listado de grandes deudores hacer pedagogía en torno al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y, de este modo, lograr el rechazo social y deslegitimar actitudes y comportamientos condescendientes con el fraude".
Según la normativa, la lista se renovará el año que viene, esta vez con la fecha del 31 de diciembre de 2021 como referencia. La publicación del listado no resultará afectada por las actuaciones realizadas por el deudor o deudora con posterioridad a dicha fecha de referencia.
La propuesta de inclusión en el listado suele ser comunicada a la persona contribuyente, que dispone de 10 días para formular alegaciones. Pasado ese plazo, se procede a dictar el acuerdo de publicación. La misma se lleva a cabo por medios electrónicos y deja de ser accesible una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación. Asimismo, se adoptan las medidas necesarias para que los motores de búsqueda de internet no accedan a esta información.
