dOnostia - “El muy ambicioso plan de empleo público del Gobierno Vasco” no se verá cuestionado por el tema de las 35 horas, según señaló ayer el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, tras reiterar que la OPE prevista de al menos 13.500 plazas va a ser ofertada. “Este plan no se va a poner en cuestión” por la situación creada por la resolución judicial de la jornada laboral de 35 horas semanales, “estamos convencidos”, afirmó Zearreta.
El representante del Gobierno Vasco señaló en Onda Vasca que “vamos a buscar la solución más adecuada”, en referencia a la resolución judicial de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hecha pública este pasado jueves que confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) del 20 de diciembre de 2016 anulando el decreto autonómico que establecía una jornada de trabajo efectivo de 35 horas semanales para los funcionarios de la CAV.
Andrés Zearreta, que no dudó en calificar la ley estatal que propició la decisión judicial de “burda y tosca”, recordó que “de momento”, la sentencia, -de la que dijo no disponer todavía para analizar la letra pequeña con detenimiento- “no cambia nada” y abogó por analizar de forma conjunta con las organizaciones sindicales “qué camino seguimos”.
El viceconsejero vasco insistió, una y otra vez, en la necesidad de trabajar en común con los representantes sindicales de los trabajadores porque no hay que olvidar que la reducción de la jornada laboral de los funcionarios vascos “es un acuerdo forjado (en referencia a la administración y los sindicatos) entre todos durante años”.
Zearreta puso en valor la negociación colectiva en el marco de la Mesa General de la Función Pública e indicó la importancia de esforzarse para marcar el camino “y no estar al albur de lo que decida un Ministerio”.
Tras enmarcar la decisión judicial dentro de una “campaña recentralizadora” del Gobierno español que puede vulnerar competencias vascas, el viceconsejero abogó por trabajar de forma conjunta, Gobierno y representantes sindicales, para pensar “cómo actuar en adelante y cómo hacerlo en común con otros agentes”.
La sentencia judicial, según el representante del Ejecutivo vasco, ha puesto en cuestión acuerdos y compromisos adquiridos hace tiempo y que no son fáciles de resolver. “Es complejo decir que se pasa sin más de 35 horas a 37,5 horas laborales”.
Según Andrés Zearreta, “por ejemplo, en verano se trabaja una jornada laboral menor pero en invierno es superior”. El responsable de la Función Pública recordó que todas las decisiones que se adoptan desde la Administración vasca están orientadas a planificar bien “para poder prestar un servicio de calidad a los ciudadanos del País”.
En opinión de Zearreta esta cuestión de la jornada laboral “es una que nos afecta a todos y entre todos tenemos que buscar algún camino o fórmula” para que el servicio que se ofrece a la ciudadanía “no se ponga en cuestión”.
Zearreta transmitió “tranquilidad” a los trabajadores públicos, ya que la sentencia, “de momento, no cambia nada”. “Una vez que leamos la sentencia en todos su términos compartiremos su contenido con la parte sindical y cuando sea analizada se buscarán vías para que ni la calidad del servicio ni los derechos de las personas se vean resentidos”.
Por su parte, y de cara a los posibles pasos a seguir en el futuro inmediato, el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Segundo Menéndez, señaló la posibilidad de que el Gobierno Vasco impugne la sentencia apelando a un conflicto sobre competencias. Aunque reconoció que “se podría discutir si hay competencia o no” por parte del Estado para fijar la jornada laboral de los funcionarios vascos, dejó claro “que la norma estatal sobre la que nos hemos basado señala que es un asunto básico” y para dejar sin efecto normas básicas, “la única vía” es argumentar que la competencia es del Gobierno Vasco.
