donostia - La patronal española empieza a poner deberes al Gobierno que salga de las elecciones del 20 de diciembre. La CEOE, que no oculta su satisfacción por las medidas que ha activado Mariano Rajoy, pide otra reforma laboral tras los comicios que ahonde en la senda marcada por la última. Con el pretexto de acortar las diferencias con los temporales, Joan Rosell insiste en reducir los derechos y la seguridad de los trabajadores indefinidos. El líder de los empresarios apuntó al absentismo y se quejó de que hay demasiados trabajadores de baja, afirmación que fue puesta en entredicho incluso por parte del Gobierno de Rajoy.
A menos de dos meses para las elecciones generales los agentes sociales comienzan a tratar de influir en la futura regulación laboral. Un hipotético cambio de color en Moncloa podría tumbar algunos de los pilares de la reforma que puso en marcha Rajoy en febrero de 2012, una posibilidad contra la que insistentemente previenen tanto desde el PP como desde círculos empresariales y organismos macroeconómicos, que ven en la reforma una de las medidas estrella de la legislatura.
Ayer el presidente de la CEOE advirtió en Onda Cero de que los empresarios no quieren “un Gobierno que no haga nada”. Rosell hace un “gran balance” del mandato de Rajoy, pero insta a seguir con las reformas “con más intensidad”. “No se sale de la crisis con un par de aspirinas”, insistió lanzando un mensaje claro al próximo Ejecutivo.
La sintonía de la CEOE con el Gobierno del PP ha sido palmaria desde que Rajoy tomó sus primeras decisiones, en las que la organización empresarial ha visto calcadas sus principales reivindicaciones, como la flexibilidad a la hora de despedir y de bajar los salarios o nuevas fórmulas de contratación más baratas.
Aunque en los últimos meses la ocupación ha registrado valores positivos, el Estado español cuenta ahora con menos trabajadores que en el inicio de la legislatura, según el INE. Respecto al tercer trimestre de 2011 hay casi medio millón menos de trabajadores y, respecto a diciembre de ese año, 100.000 menos. En cambio, los asalariados que trabajan por horas han aumentado en 350.000 en cuatro años a pesar del retroceso general de la ocupación, mientras que el sueldo medio apenas ha avanzado diez euros.
La temporalidad se está cebando con las nuevas contrataciones, aunque el hecho de que los trabajadores eventuales hayan sido los más castigados por la crisis mantiene la cifra total en torno a cuatro millones.
Por otro lado, el abaratamiento del despido con la reforma laboral, que generalizó la rescisión de contrato procedente con 20 días por año, ha contribuido a reducir el número de indefinidos en más de 400.000, hasta los once millones. El INE registra un descenso especialmente acusado en el número de fijos que llevan entre tres y seis años en la empresa, en los que parece haber centrado sus efectos la reforma. El despido en esta franja de antigüedad no conlleva un coste tan abultado como ocurre con quienes llevan más tiempo en la empresa, que acumulan una indemnización mayor entre otras razones porque la reforma mantiene el coste de despido anterior a la hora de contabilizar los años de trabajo previos a 2012.
Ayer Rosell no entró a detallar qué cambios propone, aunque dejó claro que los indefinidos “tienen muchos derechos” en comparación con los temporales. Bajo el argumento de equiparar a uno y otro colectivo, apostó por “dar derechos a los que entran -al mercado laboral- y, a los que ya los tienen, ir relajándolos”.
La reducción de la dualidad laboral para fomentar la contratación indefinida era el objetivo de la reforma de Rajoy y sigue incluida en las listas periódicas de tareas que Bruselas pone a España. Pero mes a mes los números muestran que los empresarios siguen sin recurrir a la contratación fija. Los sindicatos denuncian que en la práctica el restar derechos a los fijos no se ha traducido en mejorar la situación de los eventuales, sino todo lo contrario. Ayer el propio Rosell se mostraba reticente a incrementar el salario mínimo interprofesional.
Las declaraciones del presidente de la CEOE encendieron las críticas de los sindicatos, que ven en estos cuatro años una legislatura “muy dura” para los derechos laborales.
