donostia

MaGeFESA ha saltado a los titulares en las últimas semanas. Primero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenaba a España a pagar una multa de 20 millones de euros por no cumplir una sentencia dictada en 2002 por el mismo Tribunal en relación a ayudas ilegales que el Gobierno concedió a esta sociedad industrial y después, hace escasos días, un juez decidía que la antigua planta de esta compañía, situada en Derio debía ser precintada. Para entender cómo se ha llegado a esta situación hay que recordar la historia que arrastra la compañía cerrada a instancias de la Unión Europea por la no devolución de ayudas públicas consideradas ilegales.

Manufacturas Generales de Ferretería S. A. (Magefesa) fue fundada en 1948 en Algorta-Getxo. Una pequeña sociedad de 18 personas que en sus momentos de máximo esplendor, en 1976, recibió de manos del rey Juan Carlos I el premio de Empresa Modelo española. La firma llegó a contar con cerca de 4.000 personas en plantilla y ocho fábricas repartidas entre Araba, Cádiz, Cantabria, Gipuzkoa y Bizkaia.

Pero llegó el declive. A principios de los años ochenta del siglo pasado, en solo tres años, la todopoderosa compañía vasca entró en quiebra. La caída de la demanda en el mercado español, una situación similar a la actual -en 1983 la industria del Estado surgida de la autarquía del franquismo era incapaz de competir con la apertura de las fronteras y fue necesaria una poderosa reconversión que elevó las tasa de paro en Euskadi a cotas de casi el 25%-, unidas al hundimiento de las exportaciones, convirtieron al rey y señor de la cubertería y el menaje en la sombra de su pasada grandeza. Magefesa, lentamente primero, rápidamente después, fue viendo crecer el deterioro comercial y las deudas a sus proveedores. En 1983 se produjeron ya unas pérdidas de explotación de 2.312 millones de las antiguas pesetas. En 1984 las pérdidas subieron a 2.000 millones y en 1986 fue necesario un plan de ajuste de una empresa en quiebra con un pasivo de unos 14.000 millones de pesetas.

Aunque la empresa mantenía incólume su imagen de marca, durante esos años la conflictividad laboral estuvo a la orden del día. Los tres gobiernos autónomos en los que Magefesa se encontraba implantada -CAV, Cantabria y Andalucía- ofrecieron su colaboración para salvar el grupo. Las negociaciones se saldaron con la firma en mayo de 1986 de un plan de viabilidad entre la empresa y los sindicatos UGT, CCOO y ELA. El acuerdo, en esencia, recogía una reducción de plantilla de unos 1.700 trabajadores por sistemas no traumáticos y el apoyo de las administraciones española y autonómicas. Las últimas dificultades para financiar el plan de bajas voluntarias fue resuelto con una ayuda del Ministerio de Trabajo de 1.500 millones de pesetas para las indemnizaciones.

Aquellas ayudas públicas para mantener la actividad y el mayor número de empleos y evitar que los trabajadores despedidos se marchasen en malas condiciones, algo normal en aquella época, desembocaron en el conflicto con las autoridades comunitarias de Bruselas - previa denuncia de dos competidores vascos-, que ha culminado con el cierre de Euskomenaje, la compañía formada por el colectivo de trabajadores que se hizo cargo de la herencia de la marca. Un centenar de ellos, el 80% de más de 55 años.