donostia. El Gobierno español sacó adelante ayer en el Congreso de los Diputados el decreto con las medidas de ajuste, que incluyen desde subidas de impuestos a recortes de gastos, previstas para conseguir reducir el déficit público en el horizonte de 2014, según las indicaciones de la Unión Europea, y que suponen un paquete económico valorado en unos 65.000 millones de euros.
El decreto fue aprobado con la ausencia, una vez más, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no asistió al debate y solo pasó a votar tal vez convencido de que lo más importante de la partida para sanear las cuentas de España se juega en el Bundestag alemán y no, en el Congreso español.
El ajuste fue convalidado únicamente con los votos de los representantes del PP, partido que hizo valer su mayoría absoluta (y su soledad) ante la ausencia de complicidad de las demás fuerzas políticas representadas en el Parlamento español.
El decreto de nuevos ajustes incluye, entre otros puntos, la subida del IVA a partir del 1 de septiembre, la reducción de un 7% en el salario de los funcionarios mediante la eliminación de la paga extra de Navidad, así como el recorte de la prestación por desempleo y de las pagas por salarios incobrados del Fogasa.
Por 180 votos a favor, 131 en contra y 1 abstención (la de UPN, que habitualmente apoya al PP), según Efe, el Gobierno español sacó adelante la primera tanda de medidas con las que pretende ajustar en dos años y medio los referidos 65.000 millones de euros, incluidas en el Real decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió las medidas del Gobierno español afirmando que son "obligaciones" impuestas por la Unión Europea para tratar de salvar a España de la quiebra pero en sus declaraciones dio pie a pensar que son el primer paso del desmantelamiento del estado del bienestar. "Es el momento de decir las cosas claras: hay que reducir los servicios públicos, lo que no se puede pagar hay que quitarlo", afirmó para justificar los recortes en sanidad, educación, dependencia o desempleo.
La oposición escenificó de distintas maneras su postura contraria a un paquete de medidas que, en su opinión, solo van a servir para acentuar la crisis económica en el Estado español.
El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, señaló que se trata de un "decretazo cuyo impacto en la economía será claramente negativo profundizando en la recesión". El PNV votó en contra de unas propuestas que perjudicarán la demanda interna. "Reducir las prestaciones por desempleo y eliminar la paga de Navidad van en la misma dirección de deprimir el consumo, además de ser injustas", resaltó Azpiazu.
El representante vasco del PNV criticó también que el decreto del PP incurre en "manifiestas e inadmisibles vulneraciones competenciales de Euskadi", --el copago del 3 % para los dependientes, las medidas que inciden en los convenios colectivos de la función pública, los días de libre disposición o la extra navideña-, y "que el Grupo Vasco no puede permitir que, al amparo y con la disculpa de los ajustes, retrocedamos en el nivel de autogobierno".
En el momento de anunciarse la votación se ausentaron del pleno los diputados de Amaiur, así como los de ERC y del grupo mixto de la izquierda en el que están IU-ICV y los aragoneses de CHA, para no ser "cómplices" de lo que valoraron como un "ataque brutal" a los derechos sociales de los ciudadanos.
Subida de impuestos Con este decreto, el Gobierno sube los impuestos pues no se limita a modificar los tipos de IVA, -el tipo general pasa del 18 al 21% y el reducido del 8 al 10%, sino que también pasa más productos del tipo reducido al general encareciéndolos notablemente.
Dentro del impuesto de sociedades, se produce un incremento transitorio de los pagos fraccionados, al elevarse el importe mínimo del 8 al 12%. En el IRPF, se eleva temporalmente, del 15 al 21%, la retención por rendimientos de actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo de cursos.
