hOY está previsto que arranque el que será el juicio más largo de la historia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y uno de los que ha despertado mayor expectación entre la ciudadanía por los hechos de los que va a conocer la Sección 1ª de esa sede jurisdiccional. Las presuntas malversaciones de cerca de dos millones de euros acaecidas en la oficina de la Hacienda foral de Irun, supuestamente cometidas por el responsable de la delegación tributaria, José María Bravo, es un asunto que llegó a remover los cimientos del erario guipuzcoano, por lo que suponía la comisión de unas irregularidades en el departamento de la Diputación más sensible, el que gestiona el dinero público aportado por los ciudadanos. Es decir, se puede decir que las apropiaciones indebidas cometidas presuntamente por Bravo no tuvieron solo como víctima a la institución foral sino a todos los guipuzcoanos. De ahí que la Diputación y las Juntas Generales se hayan presentado como acusación particular en el proceso y vayan a seguir adelante con su petición de 30 años y medio de prisión para el principal imputado, a pesar de que el fiscal Javier Larraya habría llegado con él a un acuerdo por el que reconoce su culpabilidad y acepta una pena de siete años y medio. La defensa de Bravo solicitó esa conformidad con el fin de evitar que se celebraran las 17 vistas pero finalmente se llevarán a cabo y en ellas volverán a salir a relucir los detalles de una investigación recogida en más de 12.000 folios que, no obstante, deja todavía muchas incógnitas por resolver.
Los pagos
Por las tardes, en el despacho
Según se desgrana en el escrito de calificación de Fiscalía, la gran mayoría de los 37 expedientes de deudas tributarias analizados durante el procedimiento de instrucción guardan en común el hecho de que los contribuyentes a los que se derivó la responsabilidad por el incumplimiento previo de la obligación por parte de sociedades a los que estaban vinculadas como administradores luego abonaron las cantidades reclamadas directamente a Bravo y en metálico en la oficina de Irun. El Ministerio Público considera probado que el jefe por delegación de la sucursal tributaria durante los años 1999 a 2004 citaba a los contribuyentes en su despacho para informarles de que debían pagar una deuda de miles de euros y ofrecía una rebaja, algo que legalmente está prohibido. Los afectados se avenían entonces al desembolso, que efectuaban posteriormente con la entrega de billetes o cheques. La primera pregunta que surge es cómo no levantaron sospechas las supuestas prácticas del máximo responsable de la oficina ejecutiva de Irun ante el resto de trabajadores de la dependencia. Según fuentes consultadas por NOTICIAS DE GIPUZKOA, Bravo habría promovido esos encuentros por las tardes, fuera de horario de atención al público. Uno de los empleados vio en una ocasión un fajo de billetes sobre la mesa de Bravo cuando ya no se podían realizar ingresos en metálico en las oficinas de la Hacienda foral -práctica suprimida desde el año 2000-, lo cual no es una prueba concluyente pero sí podría considerarse un indicio si el dato es finalmente relatado por uno de los testigos que comparecerán en el juicio.
Bajas por insolvencia
Un año 'en el limbo'
En los expedientes investigados las deudas de los contribuyentes terminaban siendo dadas de baja por prescripción o por insolvencia (en la mayoría de los casos por esta última contingencia) por alguno de los funcionarios de la oficina de Irun a órdenes de Bravo, según el fiscal, que asegura que era la forma de cerrar el procedimiento que el imputado utilizaba para apropiarse del dinero. Primero cobraba de los contribuyentes el dinero y luego, después de no ingresarlo en las cuentas de la Diputación, anulaba la deuda a través de la aplicación informática. En el supuesto de que una deuda fuera declarada como prescrita ya no había forma de recuperarla pero, si al contribuyente se le consideraba insolvente, entonces quedaba un año en el limbo, periodo en el cual podía ser rehabilitada si se descubría que la persona disponía de bienes con los que hacer frente a la obligación tributaria.
Al cabo de ese tiempo, si no se había hecho nada por rescatar la deuda, el sistema ordenaba automáticamente la desaparición de la misma. El problema es que el área de Gestión Extraordinaria, encargada de revisar las posibles solvencias de los contribuyentes de cara a rehabilitar esas deudas yacentes, se encontraba radicada en la propia oficina de Irun, bajo la supervisión de la de Eibar.
¿Conocían los empleados de la sucursal irundarra que se habían dado de baja por insolvencia deudas de personas que disponían de dinero para responder a ellas y se habían producido bajas por prescripción a pesar de no haber transcurrido los cuatro años preceptivos? Según pudo saber este periódico durante la investigación previa, funcionarios de la Hacienda en la oficina de Irun y de la sede de Errotaburu tuvieron conocimiento al menos seis años antes de que se dieran a conocer las irregularidades de varias anomalías que entonces no se investigaron. Concretamente, hacia el año 2001 se tramitó en la oficina irundarra un expediente relativo a la derivación de una deuda que fue dada de baja por prescripción cuando no se cumplían los requisitos para que se declarara cancelada. Entre los trabajadores de la delegación se detectó la circunstancia y se transmitió la cuestión a Errotaburu donde, efectivamente, figuraba que aún no habían pasado cuatro años desde que se puso en conocimiento del contribuyente que debía pagar las cantidades. Asimismo, se comunicó a responsables de la sede central que había sospechas de que en la oficina de Hacienda de Irun se producían anomalías pero el asunto no se investigó. En la sede de Donostia se decidió anular la baja de ese expediente para que el proceso de cobro de la deuda volviera a reconducirse.
Bravo y alguien más
¿Quién era ese tercero?
En uno de los expedientes investigados el contribuyente, propietario de una empresa que llevaba su nombre, recibió a mediados de los años noventa de Hacienda notificaciones de deudas por un importe superior a los 30.000 euros y acudió a la oficina de Irun, donde se reunió con Bravo y, según el escrito de Fiscalía, con "otra persona sin identificar". Según la testifical del propio contribuyente, le preguntaron cuánto dinero llevaba y respondió que 9.000 euros, tras lo cual le dijeron que entregara esa cantidad y que la cuestión estaría solucionada. El afectado solicitó un recibo del pago y le contestaron que no se lo darían y que iban a dejar que la deuda prescribiera. En junio de 2001 se dieron de baja por prescripción 20 deudas de ese contribuyente por una suma total de 73.000 euros y en octubre de 2003, otras 14 deudas por un importe global de 47.800 euros. En su escrito el fiscal no lo recoge pero en su comparecencia ante el juzgado de instrucción de Irun, el contribuyente dijo que al salir preguntó "a la chica del mostrador" por qué no le habían dado justificante y ella le respondió "que Bravo era una persona importante y que tenía el apoyo de alguien más importante, un político o así".
Los asesores fiscales
Exculpados por el instructor
En un total de doce expedientes (uno de cada tres de los incluidos en el sumario) aparecen nueve asesores fiscales. Uno de ellos gestionó deudas con Bravo en tres ocasiones y otro en dos. El fiscal del caso cree probado que tomaron parte en la gestión de las deudas y que aceptaron las rebajas de deudas. En las operaciones en las que el jefe de la oficina de Irun se prestó a reducir el importe de la obligación tributaria -en casi todos los expedientes- la Fiscalía hace hincapié de que ello lo realizaba "a sabiendas de que legalmente no podía hacerlo". Sin embargo, no menciona en ningún momento que los asesores fiscales con los que negoció esa rebaja eran plenamente conocedores de esa prohibición y de que no se podían efectuar paos en metálico, al igual que los contribuyentes. El juez que instruyó las diligencias previas en los juzgados de Irun, Julián García Marcos, aseguró en un auto en enero de 2009 que no iba a imputar a las personas que negociaron deudas a la baja con Bravo porque, estimó, no se podía calificar de "imputados a quienes solamente resultan perjudicados" y relacionó "las situaciones del deudor que paga y del asesor que paga pues, aunque sus conocimientos sean distintos, ambos defienden unos intereses similares frente a la Hacienda que les reclama".
Cobros e ingresos
Cantidades que no cuadran
En el sumario se incluyen documentos que, según la fiscalía, acreditan de forma clara que Bravo se apropió de dinero procedente de las deudas tributarias abonadas por los contribuyentes. Entre ellos, los llamados justificantes de embargo de metálico que el responsable de la oficina de Irun entregó a los pagadores como constancia del abono realizado, la mayoría de las veces en una época en la que ese impreso ya no se utilizaba en las delegaciones de Hacienda porque ya no se cobraba dinero en mano. Estas pruebas apuntan a que Bravo recibió el dinero que luego, según los informes periciales de la Diputación y la Agencia Tributaria, no fue ingresado en las arcas forales. Además, en la instrucción se recabaron varios cheques que, como se comprobó en entidades financieras, procedían de los contribuyentes, quienes los habían entregado a Bravo, el cual terminó por ingresarlos en cuentas propias o compartidas con su mujer o su socio. También hay informes firmados por el propio imputado en los que hacía constar que, en relación a determinadas deudas, no había circunstancias para exigir responsabilidad a terceros y que los contribuyentes afectados eran insolventes cuando, según el fiscal no era así. Pero a pesar de esas pruebas, en la investigación de las deudas existentes, el pago realizado por los afectados y las cantidades que luego se dieron de baja por insolvencia, muchos números que aparecen en el escrito del fiscal no cuadran. Por ejemplo, en uno de los expedientes la obligación tributaria era de 16.213 euros, el contribuyente abonó a Bravo 1.800 euros y luego se le dio de baja por insolvencia una deuda de 5.789,41 euros. En otro de los casos, la deuda de una empresa ascendía a 105.843,94 euros. Bravo dijo al responsable del negocio que la obligación era de unos 72.000 euros pero finalmente le cobró 42.000 euros. Posteriormente, en la oficina de Irun se dieron de baja 16 deudas de esa empresa por importe total de 109.401 euros, otras dos por valor total de 19.879,66 euros, otras tantas deudas por importe total de 1.985,99 euros y una deuda por 180 euros. Surge así la sospecha de que los acuerdos que alcanzaba Bravo se extendían en el tiempo y suponían la condonación de deudas nacidas después.
Enigmático Anuncio
Los 'amigos' de Txema
Cuando en 2004 el ahora imputado decidió dejar la oficina de Irun, apareció el mismo día en que se marchaba, el 30 de abril, un anuncio en El Diario Vasco en el que, según rubricaban "doce firmas de asesoría jurídica, consultoría y auditoría", se le dedicaba una "carta de despedida a Txema Bravo". En ella consideraban una "mala noticia para los contribuyentes guipuzcoanos" que abandonara la administración pública y mostraban su agradecimiento por "haber sabido combinar la más alta cualificación técnica y escrupulosa defensa de los intereses públicos con unos valores humanos que superan, si cabe, su enorme capacitación jurídica". Además, destacaban la "honestidad y sinceridad" de Bravo que, añadían, "quizás muchos -tanto dentro de la Administración como fuera de ella- deberíamos copiar". ¿Quiénes fueron esas supuestas doce empresas anónimas que ensalzaron la figura del ahora imputado, que habría admitido a la Fiscalía su culpabilidad?
