El Ayuntamiento de Donostia, ha asegurado hoy el alcalde Eneko Goia, se “tomará un tiempo” para pensar qué destino otorgar a los suelos de San Bartolomé una vez se pueda resolver el contrato para la compra venta de los mismos por la vía de un acuerdo bilateral.
Goia ha apuntado que “si se llega al final que se quiere” el destino de estos terrenos “se podrá pensar en el seno del Ayuntamiento”.
Preguntado por el tema, el alcalde de Donostia ha señalado que el recurso presentado en tribunales contra al Plan Especial de este ámbito podría seguir adelante si quienes lo han presentado así lo desean, ya que dicho plan “sigue estando en vigor”.
“Habrá que ver los siguientes pasos”, ha señalado Goia, que ha apuntado que también el recurso que se anunció que se iba a presentar contra la licencia, que ha asegurado desconocer si se ha presentado o no, también podría seguir adelante.
En esta caso hay una diferencia, ya que, ha añadido, “puede que decaiga en un tiempo”, por lo que “quizá no tenga sentido”.
A este respecto ha querido realizar una aclaración. “La licencia es un acto reglado, el Ayuntamiento no la concede o a deniega porque le apetece o no le apetece. Si cumple con lo estipulado en el Plan Especial se debe otorgar”.
Boca del Topo frente a Reparadoras
En otro orden de cosas, el primer edil donostiarra ha señalado que la paralización del proyecto de centro comercial y aparcamiento “no debería afectar” a la boca del Topo prevista en la zona.
“La salida está planteada frente a Reparadoras y podrá realizarse. Otra cosa es que no se pueda hacer la conexión subterránea que se preveía, pero la boca del Topo es independiente”.
Las consecuencias del anuncio realizado el pasado viernes por el alcalde de Donostia son todavía difíciles de calcular. Goia adelantó su intención de proponer en el seno de la sociedad mixta San Bartolome Muinoa la suspensión de la operación comercial del cerro, donde se proyecta la construcción de un aparcamiento subterráneo y un centro comercial.
Goia ya avisó que esta decisión tendría diversas consecuencias en la sociedad en la que, además de distintos propietarios, participa el Ayuntamiento con un 37%.
Además de por considerar que el proyecto no es adecuado para 2025 y que afectaría de forma muy grave a las vecinos y vecinas de un ámbito que llevan años sufriendo las obras del Topo, Goia aseguró que el contrato de compra-venta con la sociedad compradora estaba teniendo “dificultades para llegar a buen término”.
