El Ayuntamiento de Donostia ha puesto la cuenta atrás en el reloj en lo que se refiere a su relación con la empresa gestora del Zmare. El Gobierno local ha aprobado hoy requerirle, “por segunda y última vez”, para que en un plazo no superior a los cinco días entregue en el Consistorio la “documentación justificativa de haber adoptado cuantas medidas sean necesarias” para que se cumpla con el contrato de cesión suscrito por ambas partes en marzo de 2023 y todas aquellas que sean de obligada aplicación.
Transcurrido el plazo de cinco días, si no se cumple con lo indicado, el Ayuntamiento procederá a “suspender la cesión con carácter inmediato, para lo que se precintarán las instalaciones evitando su uso por el concesionario”.
A la par, se procederá a dar inicio al procedimiento para la extinción de la cesión, abriendo un plazo de audiencia de 15 días a la UTE Zoc, que gestiona dicha instalación hostelera, con el objeto de que pueda presentar las alegaciones que considere oportunas.
Por último, el Ayuntamiento advierte a la citada UTE que se reserva el derecho de reclamarle los más de 584.000 euros que la dirección de Costas ha estipulado que se derivan de los incumplimientos cometidos sobre las condiciones de la concesión.
Por último, PNV y PSE han acordado comunicar al servicio de Costas en Gipuzkoa los detalles de este acuerdo.
Una sucesión de incumplimientos
El Consistorio donostiarra tuvo conocimiento de la incoación por parte de Costas del expediente sancionador, dirigido a la administración local titular de la concesión, el pasado 5 de febrero, tras constatar nueve incumplimientos de las condiciones fijadas sobre la cesión, que se concedió el 15 de julio de 2024.
Entre las infracciones observadas se halla haber hecho “acopio de materiales de uso deportivo en la zona destinada a pasillo para los servicios públicos de playa”, utilizar la terraza exterior circular para actividades gastronómicas, cuando se había estipulado una utilización de formación. Este el uso al que se había reservado gran parte de la primera planta que, finalmente, la UTE gestora destinó a usos gastronómicos.
El Ayuntamiento tiene muy claro que estos y otros incumplimientos son responsabilidad de la UTE gestora del ZMare de ahí que se le requiera que adopte de inmediato las medidas que sean necesaria para corregir todas las ilegalidades y adecuarse así a las condiciones de cesión de uso.
En el caso de que pasados los cinco días fijados Zoc no cumpla con lo requerido, se consideraría que el incumplimiento tiene el carácter de infracción “muy grave”, por lo que se establece una tabla de sanciones y se indica que, también, podrán ser causa de la extinción de cesión.
Sanciones
Las sanciones que podrían acumularse contra Zoc serían las siguientes: 3.000 euros por comisión de infracción muy grave y 1.500 por comisión de infracción grave (4.500 euros si se suman ambas infracciones).
La cuantía de la sanción quedaría determinada de la siguiente manera: si la empresa realiza un reconocimiento de responsabilidad se aplicaría una reducción del 20%, 3.600 euros.
La misma reducción es la que se aplica por pago voluntario.
En el caso de que se reconozca la responsabilidad y se realice el pago voluntario, la sanción que aplicaría el Ayuntamiento sería de 2.700 euros, con una reducción del 40%.
Pero, además, la empresa deberá restituir y reponer los bienes a su estado anterior, “con la indemnización de los daños irreparables y perjuicios causados”.
Además, si así se determina, tendrá que devolver todo el beneficio ilícito obtenido que Costas, con cálculos sobre ingresos diarios, ha cifrado en 584.337,60 euros.
