El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado la nulidad parcial del acuerdo para la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que hace afecta a los desarrollos urbanísticos de Illarra (en Ibaeta) y a las parcelas de Villa Ereski y Depósito, ambas zonas situadas en las inmediaciones del camino de los Pinos, en el alto de Lugaritz.

El tribunal ha dado así la razón “parcialmente” a la Asociación de Vecinos de Lugaritz-Aiete-Ibaeta, que interpuso el recurso contencioso administrativo contra los planeamientos antes citados, “poniendo en riesgo”, según el Ayuntamiento, la operación de Illarra.

En concreto, y aunque el camino en los juzgados no ha acabado ya que el Consistorio puede recurrir ante la misma instancia, para lo que dispone de un mes de plazo, la sentencia “deja sin efecto la actuación de dotación” en Ereski, la última parcela del Plan parcial de Munto que, explicó el abogado que ha defendido los intereses vecinales, Javier Olaverri, llevaba sin construir décadas y tenía autorizadas 12 viviendas”.

El Consistorio dio luz verde a la construcción de 52 vivienda, todas libres, ya que al calificar a Ereski como Actuación de Dotación no se debía realizar reserva alguna para VPO, aunque tras intervenir el Gobierno Vasco se reservaron siete viviendas a precio o tasado que el Ayuntamiento decidió trasladar a Illarra.

La sentencia dice que en Ereski se debe cumplir los estándares de VPO establecidos para el suelo urbano, 40% del total, unas 15 viviendas.

Además, también señala que las reservas de zonas verdes y de equipamiento tendrá que mantenerse donde se indicaba, en Ereski, decisión que los vecinos han aceptado con agrado. En consecuencia, el ámbito dispondría de “3.000 metros cuadrados de espacio arbolado”.

Pero los vecinos lamentan que no se haya atendido su demanda en lo que se refiere al incremento de la “densificación” de Ereski, que conllevará, ha asegurado Yolanda Zafra, vocal de la asociación vecinal, un aumento en el tráfico que discurre por la zona y una disminución de las plazas de aparcamiento, entre otras consecuencias.

75% de VPO en Illarra

En lo que compete a Illarra, ha puntualizado el presidente de la Asociación de Vecinos de Lugaritz, Juan Eulogio Berezibar, la sentencia “confirma la ilegalidad de la decisión de destinar a VPO unas 105 viviendas”, decisión que el Consistorio adoptó al considerar los terrenos urbanos y no urbanizables.

La sentencia señala que la reclasificación de loa suelos a urbano no puede darse, dado que de lo contrario se recaería en un “fraude de ley”. En consecuencia, atendiendo a esta clasificación, el porcentaje de VPO tendrá que ser del 75% del total, en torno a 200 viviendas.

En otro orden de cosas, ha explicado Olaverri, el planeamiento aprobado, que ha sido anulado, preveía reubicar en el ámbito de Erregenea, en la falda de Igeldo, los 5.175 metros cuadrados del parque “que les corresponde a los nuevos habitantes de Illarra y los 745 metros cuadrados que les corresponde a los de Ereski”.

La sentencia “niega que se pueda recalificar Erregenea como suelo urbano”, cuando tiene calificación de suelo rural protegido.

En definitiva, la decisión del TJSPV, han destacado vecinos y letrado, “declara ilegales” las decisiones municipales que afectan a Illara y Ereski, lo que implica que se tengan que construir 216 VPO, 112 más de las revistas por el Consistorio, además de desestimar “la actuación municipal de no cumplir los estándares de suelos libres y equipamientos”.

Reacción del Ayuntamiento

El Ayuntamiento considera “en una primera lectura de la sentencia” que esta “no anula la modificación del planeamiento realizada” para Illarra y Ereski, “de modo que confirma la actuación municipal en aspectos fundamentales, aunque anula otros aspectos concretos”.

En el caso de Villa Ereski, señalan las fuentes municipales, el traslado a Illarra de las siete VPO en alquiler se decidió “con la aprobación de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco”.

En consecuencia, indican, la sentencia “resultaría contraria a los aprobado por el máximo órgano en materia urbanística de Euskadi”, algo que el Ayuntamiento tildó de “chocante y sorprendente”.

Pese a todo, el Consistorio admite que “el fallo puede poner en riesgo la operación de Illarra y dar al traste con la construcción de viviendas, tanto públicas como libres”, por lo que prevé “seguir buscando la fórmula para que pueda llevarse a cabo esta operación”.

“Es llamativo que mientras se exige una solución al problema de acceso a la vivienda haya grupos que estén poniendo palos en las ruedas a las diferentes iniciativas que se tratan de impulsar para la creación de más oferta”, han lamentado desde el Ayuntamiento.

Por su parte el portavoz de Elkarrekin Donostia, Victor Lasa, ha calificado de “hecho gravísimo” que el Ayuntamiento “intente minimizar el porcentaje de vivienda pública en favor de intereses privados”.

“Esta sentencia demuestra que el Ayuntamiento ha eludido su obligación de maximizar la vivienda pública y lo ha hecho de forma deliberada para reducir su porcentaje, pese a que la ley exige lo contrario en suelo urbanizable. El fallo confirma nuestra postura, pues nosotros votamos en contra de esta propuesta cuando fue llevada a pleno”, ha destacado Lasa.