La empresa concesionaria de La Bretxa, Baika, tendrá que desalojar las instalaciones en el plazo máximo de tres meses, según ha dado a conocer esta misma tarde el Ayuntamiento de Donostia, que anunció en febrero su decisión de rescindir el contrato .
Este plazo comenzará a contarse desde la notificación del acuerdo, dado que de no hacerlo la empresa adjudicataria perdería el derecho a la indemnización que se contempla.
En una Junta de Gobierno de carácter extraordinario que se convocará este jueves está previsto que se aprueben diversos procedimientos para poner solución a los “problemas causados por el incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato” por parte de dicha empresa.
Los punto del orden del día de la junta son: desestimar las alegaciones presentadas por la concesionaria y “declarar la caducidad de la concesión”, incautar la garantía definitiva, iniciar el procedimiento para la valoración de la concesión “a efectos de abonar la indemnización” que corresponda a la concesionaria según “los términos fijados por la legalidad”, e iniciar el procedimiento para determinar los daños y perjuicios que la empresa ha generado al Consistorio.
De este modo, el Ayuntamiento sigue dando pasos en firme para la resolución del contrato de cesión de La Bretxa, una vez recibido el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi que le da luz verde para realizarlo.
Acuerdo de desalojo
El Ayuntamiento ha acordado exigir el desalojo de las instalaciones además de seguir dando impulso a los procedimiento ya citados.
Dicho acuerdo fija también que la concesionaria tendrá que mantener y abonar todos los servicios y suministros necesarios para que se garantice que se siguen desarrollando las actividades que funcionan en el mercado, además de la seguridad de las personas usuarias.
Esta obligación se mantendrá en vigor “hasta el momento de la entrega efectiva de los edificios y bienes afectos a la concesión”.
Mientras, si la concesionaria “no garantiza dichas medidas indispensables”, el Ayuntamiento podrá intervenir garantizando su adopción “con sus propios medios o a través de terceros”.
Como han recordado desde el Consistorio a través de una nota de prensa, todos estos procedimientos se activan una vez se han superado los trámites legales necesarios y obligados al ser éste un procedimiento de resolución contractual al que el contratista se opone.
De ahí que el expediente fuera remitido a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que ya ha enviado al Consistorio el acuerdo que indica que no es dicha comisión el órgano que debe dictaminar la caducidad de la concesión, ya que la misma es de naturaleza patrimonial.
Pero en el mismo acuerdo la Comisión Jurídica estima que el Ayuntamiento sí puede finalizar la concesión “adoptando la resolución que considere jurídicamente adecuada toda vez se observa la correcta consecución de los trámites esenciales”.
Tras numerosos incumplimientos
La Junta de Gobierno local, con el apoyo de EH Bildu, aprobó resolver el contrato de concesión de las zonas comerciales de La Bretxa tras acumular las obras que se estaban llevando a cabo numerosos retrasos.
Los servicios municipales, además, detectaron infracciones de carácter grave o muy grave.
Tras tomar esta decisión en el mes de febrero, el Ayuntamiento anunció que ejecutará de forma subsidiaria las obras que restan.
Todo el proceso iniciado en febrero tenía como finalidad que los espacios de los edificios Arkoak y Pescadería reviertan al Consistorio para que esta administración asuma su gestión.
