La plataforma Stop Desahucios ha manifestado en rueda de prensa, ante el Ayuntamiento de Donostia, su “sorpresa” por la reacción del alcalde, Eneko Goia, ante el anuncio de la presentación de un recurso contra la operación urbanística de Igara.
“Estamos noqueados por las críticas que hemos recibido”, ha incidido la portavoz de la plataforma Rosa García, que ha especificado que Stop Desahucios no ha presentado recurso alguno contra la promoción de Illarra, que contempla la construcción de 262 viviendas, de las que el 50% serán protegidas.
Existe, ha reconocido, un recurso contra esta promoción “presentado por la Asociación de Vecinos de Lugaritz hace dos años, pidiendo que se pasará del 50% al 75% de alquiler social, como marca la Ley al ser suelo urbanizable”.
El recurso de Stop Desahucios, que todavía no se ha cursado, “solo hemos realizado el anuncio, como indica el procedimiento”, únicamente afecta a la promoción de Igara, con 252 viviendas, de las que el 40% son protegidas: 52 de alquiler social y otras 50 tasadas, que se prevén en el solar que ocupaba El Diario Vasco.
García ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las personas inscritas en Etxegintza, así como a aquellas que han mostrado su interés por acceder a una vivienda libre. “No pretendemos torpedear la operación, como se ha dicho, sino aumentar el porcentaje de vivienda de alquiler social”, ha añadido.
Los dos recursos, ha asegurado, tienen idéntico objetivo, incrementar el cupo de vivienda que se destina a alquiler social. “No pretendemos que no se construyan esas viviendas, sino que los pisos de alquiler social sean más del 40%”, han señalado.
"Cuando se conozca el contenido del recurso recuperaremos nuestro prestigio. Esperamos que se rectifique"
“Estamos sorprendidos y preocupados por las acusaciones vertidas el martes por el alcalde”, ha añadido García, que se ha mostrado convencida de que cuando se conozca el contenido del recurso “recuperaremos nuestro prestigio. Esperamos que se rectifique”, ha declarado.
La portavoz de Stop Desahucios ha asegurado que con este recurso y todas sus acciones lo que pretenden es favorecer “la limitación de los especulativos precios del alquiler” y avanzar en el incremento “del porcentaje mínimo de reserva de suelo para VPO en las promociones de vivienda que viene regulado por la Ley del Suelo de Euskadi, 40% para del suelo urbano y un 75% para el urbanizable cuando las necesidades de vivienda de la ciudadanía lo requieran”, algo que afirmó se cumple en Donostia y otros municipios “tensionados”.
“Hemos presentado ante el TSJPV este recurso para la promoción de Igara siendo conscientes de que, como en otras promociones, tanto el Diario Vasco como Amenabar van a tener cuantiosos beneficios”, ha subrayado. “No se pueden quejar, porque el Gobierno municipal les ha regalado casi 10.000 metros cuadrados destinados a aumentar el volumen de pisos de venta libre. Lo que tienen que hacer es más VPO de alquiler social”, ha insistido.
Tanto Ezker Anitza-IU, por boca de su coordinadora Arantza González, como Elkarrekin Podemos, a través de Víctor Lasa, han denunciado hoy “la actitud intimidatoria” de Eneko Goia contra Stop Desahucios, un ataque que han calificado de “inadmisible”.
Apuesta firme
El Ayuntamiento, por su parte, ha vuelto a dejar clara su apuesta firme por la vivienda protegida.
Desde Urbanismo se ha vuelto a mostrar una gran preocupación por las consecuencias del recurso.
En Igara, han recordado, inicialmente estaba previsto un hotel de importantes dimensiones, el solar disponible es “2.000 metros cuadrados mayor, por ejemplo, que el que ocupa el hotel Costa Vasca”. No había previsión de vivienda. La situación cambió tras un proceso negociador y una modificación del planeamiento vigente para posibilitar la construcción de vivienda, siempre que la promotora garantizara, el menos, el mínimo legal del 40% de vivienda protegida.
Si el recurso prospera, han apuntado desde el Consistorio, podría cambiar el escenario y volver al anterior, porque “al promotor no le dan las cuentas”. Además, han subrayado, se corre el riesgo de que nuevos promotores desistan de construir en Donostia ante la posibilidad de que la operación se recurra.
El Ayuntamiento, recuerdan desde Urbanismo, ha invertido en los últimos diez años 31,5 millones de euros en vivienda de alquiler social. “Somos la única institución que en la última década ha hecho vivienda de alquiler social en Donostia”, destacan a la par que ponen en valor ser, asimismo, la única ciudad con “un sistema de baremación propio, que se creó para que se pudiera hacer una discriminación positiva a la hora de entregar vivienda de VPO”.
En otro orden de cosas han destacado que “ el 70% de la deuda pública que tendrá el Ayuntamiento una vez se formalice el préstamo de los cuarteles de Loiola será para políticas de vivienda”. El total de la deuda municipal, tras la formalización del préstamos para la operación de los cuarteles, ascenderá a 201,2 millones de euros y 129,25 millones se destinarán a la construcción de nueva vivienda.
Por su parte la concejala de Urbanismo Sostenible, Nekane Arzallus, ha señalado que tienen “claro”, que “detrás del recurso de Rosa García está Elkarrekin Podemos”.
Aunque el Ayuntamiento todavía desconoce el contenido exacto del recurso considera que “el promotor privado que tiene que invertir se enfrenta a la posibilidad de que se paralice la operación y a problemas con los préstamos y licitaciones. Digan lo digan este recurso paraliza, y mucho”, ha asegurado.
“Tengo una enorme tristeza porque cuando se trabaja para sacar vivienda ante la emergencia habitacional que tiene Donostia, con miles de personas inscritas en las listas de Etxegintza y miles esperando vivienda libre, es muy mala noticia que quizá haya promociones que se tengan que paralizar dos o tres años”, ha concluido Arzallus.
