Donostia recurrirá la anulación de la licencia de la villa de Xabi Alonso

Goia subrayó también que la sentencia no obliga a demoler la villa del exjugador de la Real Sociedad y ahora entrenador del Bayer Leverkusen, aunque la opción está sobre la mesa si los futuros fallos judiciales mantienen la ilegalidad del edificio.

El regidor donostiarra señaló que, en la actualidad, los servicios jurídicos y de urbanismo del Ayuntamiento están analizado los términos en los que se presentará su recurso. “La sentencia no es firme y establece que el aspecto físico de la edificación no es el que debería tener; es un una cuestión de diferencia de criterios técnicos y nos toca seguir la vía judicial y analizar la sentencia en su totalidad”, declaró.

El Ayuntamiento tiene 15 días para impugnar el fallo dictado la semana pasada, es decir, una semana desde ahora. En la sentencia, el juzgado dio la razón a los grupos Haritzalde e Ieltxo Kultur Elkartea, de Igeldo, que presentaron una demanda contra el permiso municipal para construir el chalet del paraje de Txalin, en sustitución del caserío Goiatz Berri, de Martutene. 

Precisamente, uno de los argumentos esgrimidos por el tribunal fue que la reconstrucción autorizada por ley nada tenía que ver con el caserío original, ya que su aspecto no es el clásico con tejado a varias aguas, como es obligatorio en esta zona rural, sino que presenta una cubierta plana. El caserío Goiatz Berri de Martutene fue derribado tras ser expropiado por las obras del TAV y sus propietarios lograron los derechos para construir otro edificio en una zona rural, en este caso de Igeldo, aunque después los vendieron.

La sentencia que ha anulado la licencia de construcción del edificio de Igeldo considera “ilegal” el edificio porque no cumple la condición en base a la cual se otorgó el permiso, es decir, la reconstrucción del derribado caserío Goiatz Txiki, según la “estricta aplicación” de la Ley de Suelo y Urbanismo.

“Se mimetizaría con el paisaje” 

El juez falla que no comparte el argumento municipal, con informe del arquitecto del Ayuntamiento, que señaló en su momento que la propuesta arquitectónica, a pesar de no cumplir con la obligación de tener un tejado a dos, tres o cuatro aguas, sería “más respetuosa con el entorno y se mimetizaría con el paisaje, pasando más inadvertida” que la propuesta anterior. Una primera licencia otorgada en 2016 contemplaba dos viviendas, aunque más tarde, en 2018, se solicitó y autorizó la transformación en una única.

El argumento municipal para no crear un tejado de estilo rural de que la construcción “se mimetizaría mejor” con el paisaje no es aceptado por el juez.

El argumento municipal para no diseñar tejados rurales inclinados es que la construcción "se mimetizaría mejor" con el paisaje, lo que el juzgado no acepta

Según el tribunal que califica de “ilegal” el edificio, el Plan General de Ordenación Urbana del Donostia solo autoriza reducir y minimizar el impacto paisajístico o ambiental cambiando el emplazamiento y ubicación de las construcciones en suelo urbanizable “pero no construyendo una cubierta diferente a la prevista en las ordenanzas de edificación”, que dice que es “obligatoria” en el caso del chalet del paraje de Txalin, junto al depósito de agua del mismo nombre.

El fallo judicial anula pues la licencia en base a la cubierta, que considera ilegal, pero no se detiene en los demás argumentos presentados por Haritzalde e Ieltxo Kultur Elkartea, ya que lo considera suficiente ilegalidad.

El recurso, de hecho, contenía otros argumentos, que no han sido abordados por el tribunal. Por ejemplo, la legalidad de trasladar un caserío de Martutene a Igeldo sin informes concretos para autorizar la reconstrucción en este punto; “el resultado especulativo” de la operación; la falta de accesos al chalet, que obliga a usar un camino público de uso privativo al depósito de aguas; la existencia de piscina, prohibida en estos terrenos rurales; y el exceso de edificabilidad, en comparación con el caserío original.

Incógnita sobre el futuro

El futuro del chalet de Txalin dependerá de lo que dicten finalmente los tribunales superiores una vez que el Ayuntamiento presente su recurso contra la sentencia dictada el martes 23 de enero. Si ratifican que el edificio es “ilegal”, ya que la licencia con la que se construyó ha sido anulada, fuentes jurídicas creen que debería ser demolido. 

Sin embargo, las futuras sentencias podrían dar lugar al mantenimiento del edificio o su reforma para hacer cumplir algún aspecto legalizable.