El Ayuntamiento de Donostia baraja en la actualidad la posibilidad de expropiar el caserío Astiñene, de Egia, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los propietarios del inmueble para comprarlo y la ausencia de obras para asegurar sus elementos constructivos.
Como se recordará, a pesar de que el inmueble del siglo XVII es uno de los pocos caseríos de ribera del entorno y está protegido, su situación de deterioro le sitúa desde hace tiempo en riesgo de derrumbe y desaparición. Aunque el Ayuntamiento de Donostia ha puesto ya media docena de multas a la sociedad propietaria del edifico para que ejecute trabajos de rehabilitación básica del edificio, la empresa no responde.
Así lo señaló este lunes la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, en la comisión de Pleno de Ordenación del Territorio, donde ha admitido que el edificio "está en riesgo de supervivencia".
Preguntada por la situación por el concejal de EH Bildu Ricardo Bururatan, Arzallus ha señalado que las seis multas coercitivas impuestas hasta el momento a la sociedad propietaria del edificio no se han abonado y el Ayuntamiento se está encontrando con numerosas dificultades en su relación con la firma. "Creo que lo próximo será la ejecución subsidiria de las obras", ha señalado Arzallus en alusión a los trabajos necesarios para impedir que el edificio se caiga. Esta posibilidad estaba descartada en la pasada primavera aunque no ahora.
La posibilidad de derrumbe calificada por Burutaran de "tragedia", por lo que preguntó a Arzallus por los planes del Gobierno municipal al respecto. "Sí, estamos estudiando la expropiación", ha contestado la responsable municipal."
El antiguo caserío, datado en los años 1600-1650, está protegido con el grado C del Peppuc y aunque en él se han llevado a cabo algunos arreglos, su deterioro es cada vez más acusado.
En 2018, por ejemplo, se arregló el tejado y otros elementos pero la sociedad mercantil propietaria, Grucybsam, acudió a tribunales tras la entrada de técnicos municipales en el edificio para comprobar su estado. Aunque en primera instancia la empresa recibió una sentencia favorable, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le quitó la razón en 2020.
