La capital guipuzcoana puede comenzar a cobrar una tasa a las personas que, por imprudencia, obliguen a poner en marcha los servicios municipales de rescate o salvamento. La Junta de Gobierno Local de este martes ha dado su visto bueno definitivo a la nueva normativa, que pasará a formar parte de la tabla de tasas e impuestos, que pasará por el Pleno del jueves para fijar las tarifas de 2023.
La nueva tasa de los servicios de búsqueda, rescate y salvamento por situaciones de imprudencia comenzó su tramitación en el pasado mes de julio y, desde entonces, no se ha presentado ninguna sugerencia ni reclamación contraria al articulado, por lo que la nueva norma recibió ayer luz verde del Gobierno municipal. En cuanto aparezca en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, en los días próximos, se podrá aplicar.
La nueva ordenanza conllevará el pago de una tasa en función del número de agentes municipales y de la maquinaria que se tenga que poner en marcha por no haber hecho caso de las recomendaciones o prohibiciones.
Por ejemplo, el rescate básico en el mar con la intervención de un bombero y una moto acuática costará 69 euros. Será la intervención más barata a partir de la cual irá subiendo el precio por la imprudencia si son necesarios más bomberos o más vehículos.
El coste por usar un vehículo variará entre los 28 euros por la salida de una moto acuática y los 185 euros de un camión autoescalera de 42 metros de los bomberos.
Además de los vehículos, la cantidad de bomberos que salgan a llevar a cabo la intervención se sumará a la tarifa anterior. El precio por el trabajo de un agente de bomberos durante una hora será de 41 euros mientras que la de un oficial sube a 69.
Aunque la puesta en marcha de un precio por las imprudencias que conlleven el trabajo de agentes de salvamento llevaba un tiempo siendo analizada en el Ayuntamiento, el rescate de unos jóvenes en aguas de La Concha en una madrugada de abril aceleró la creación de la ordenanza. En aquella ocasión, el Consistorio calculó que la arriesgada intervención de los bomberos tuvo un coste económico de 6.000 euros, una cifra que podría repercutirse a quienes provocaron la situación si volviese a suceder.
Además de meterse al agua del mar cuando las condiciones lo desaconsejan, o hay bandera roja, el Consistorio podrá cobrar a quienes hagan caso omiso de las señales de advertencia de peligro, prohibición u obligación, que estén a la vista en los emplazamientos donde se desarrollen las actividades que terminen con un salvamento. Por ejemplo, los carteles que advierten del peligro en las playas cuando no hay vigilancia.
La nueva norma también permitirá cobrar a quienes no tengan “en cuenta las precauciones, instrucciones, avisos u orientaciones de autoprotección emitidas por los órganos competentes en materia de seguridad y protección civil de las Administraciones Públicas”, según explica la propia ordenanza.
Simulación de peligro
La nueva norma también prevé cobrar una cantidad a quienes simulen un peligro. Así, por ejemplo, serán castigados económicamente quienes llamen para dar una aviso de bomba falso o informen de una situación de peligro inexistente. Las conductas imprudentes o temerarias también conllevarán el pago de una tasa si obligan al traslado de servicios municipales.
