Los residentes toman con cautela el anuncio de una ampliación temporal

Donostia. Lo que en los últimos días había corrido como un rumor parece confirmarse. La posibilidad de que la propietaria de las VPO de Benta Berri amplíe los contratos a los arrendatarios cinco años más sobre lo previsto fue dada a conocer ayer por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, que ha negociado con la empresa propietaria de las VPO. Ésta, según los acuerdos suscritos en el pasado, podrá hacer negocio en 2018 con las las 510 viviendas, ya que dejarán de ser protegidas.

Los representantes de la asociación Alokairu, que agrupa a los residentes en estas viviendas, prefirieron ayer no opinar de modo tajante sobre la ampliación de contratos. "En principio no parece una mala noticia", señaló a este diario el presidente de la entidad vecinal, Carlos Pastoriza, que recordó que esta posibilidad había sido barajada en los últimos tiempos, al igual que otras opciones.

El representante de Alokairu fue informado de la opción de ampliar los contratos de arrendamiento en la mañana de ayer, tras una ronda telefónica con el Gobierno Vasco, que finalizó con la información buscada. "Aún no he hablado con la junta y, para valorar adecuadamente el anuncio del Gobierno Vasco, tendremos que reunirnos", explicó.

Asimismo, recordó que a lo largo de la pasada legislatura, la entidad negoció con el Departamento de Vivienda, entonces en manos de Javier Madrazo (EB), y parecía que la incertidumbre que se cernía sobre el futuro de estos pisos podría desaparecer. Sin embargo, llegaron las elecciones y la consejería de Vivienda pasó a manos de Iñaki Arriola (PSE), con cuyo departamento tuvieron que reiniciar las conversaciones y reivindicaciones.

Ahora, a pesar del respiro que supone para algunos la noticia de que podrán mantener las mismas condiciones de contrato cinco años más, muchos vecinos de las viviendas de Benta Berri siguen reivindicando su derecho a comprarlas y recuerdan que pagan una media mensual de 700 euros.