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La limpieza de edificios municipales lleva siete años sin contrato en vigor

las prórrogas finalizaron en 2003 y desde entonces, la empresa ha seguido en activo El PNV denuncia "el descontrol en la gestión" y advierte de que la situación costará dinero a las arcas municipales

Donostia. La limpieza de los edificios municipales de Donostia se efectúa desde hace siete años sin un contrato en vigor, según reveló ayer la concejala del PNV, Aitziber San Román, que aseguró haber confirmado esta realidad en la comisión de Contratación del pasado miércoles.

Según explicó, el concurso para la limpieza de las distintas sedes municipales -casa consistorial, Goikoa y otras oficinas- salió a concurso en 1997 por un importe cercano a los dos millones de euros. El contrato era para dos años y permitía prórrogas por un máximo de seis, es decir, que su vigencia finalizaba en 2003. Sin embargo, desde entonces, la empresa FCC -la misma que limpia las calles y también las playas- ha seguido llevando a cabo la limpieza de las oficinas municipales, aunque sin un contrato formalizado en vigor. Además, según explicó la corporativa, las distintas sedes, que han ido creciendo en número, han cobrado distintos precios por el trabajo, "lo que ha llevado a un total descontrol". Por ello, el área de Intervención llegó a dar la orden de que se unificaran los precios.

San Román criticó duramente la situación y aseguró que "es un claro ejemplo de ejercicio de desgobierno y de no defensa del interés público". Asimismo, añadió que "es una situación absolutamente irregular, donde se producen responsabilidades claras en cuento a las acciones e inacciones de la empresa y del propio Ayuntamiento, con posibles indemnizaciones derivadas, costes y pagos no revisados ni actualizados".

La concejala nacionalista informó asimismo de que el Ayuntamiento ha encargado a una empresa la redacción de un pliego de condiciones para sacar a concurso la limpieza de los edificios municipales, "un gasto más en una época en la que nos tenemos que apretar el cinturón". San Román señaló que la situación tiene como consecuencia "que la ciudad tenga que pagar más, mucho más, aunque no sabemos aún cuánto, y todo ello se ha hecho con total oscurantismo y falta de transparencia".

Sospechoso Por otra parte, añadió que considera "sospechoso" que la empresa implicada en esta situación sea FCC, relacionada con la empresa Estacionamientos y Servicios, a la que el Ayuntamiento prorrogó de modo irregular tres contratos de servicios de OTA, algo que el secretario municipal consideró ilegal.

La corporativa, que preside la comisión de Control en la Contratación, anunció que convocará una reunión para pedir explicaciones sobre esta situación.